Los llamados “súper delegados” del Programa para el Desarrollo Social y la Coordinación

General de Programas para el Desarrollo del Gobierno de México, deberían tener candados y estar sujetos al cumplimiento de determinados requisitos, para evitar que utilicen esa posición estratégica y los recursos públicos a su alcance, con fines electorales o ilícitos, propuso la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

La también diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó que los “súper delegados”, deben tener prohibido participar como candidatos a la gubernatura de las entidades a las que han sido asignados, o bien, separarse del puesto con tres años de anticipación a la contienda local.

Lo anterior, en sintonía con el planeamiento del Presidente de la República, respecto a que ex funcionarios públicos no puedan contratarse con la iniciativa privada sino hasta después de cinco o 10 años de haber dejado el cargo, dijo.

“Para establecer la prohibición constitucional de que la persona titular de la Coordinación

General y las y los delegados de Programas para el Desarrollo participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones, de su encargo. Esta disposición tiene el propósito de evitar los conflictos de intereses”, indicó.

Enfatizó que no es de extrañar que el Primer Mandatario encomiende ese tipo de puestos a personas de su confianza, e incluso allegados y militantes de su partido político; sin embargo, en el caso de los súper delegados, los lazos con los cuadros electorales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), son más que notorios.

“El coordinador general es en este momento senador con licencia, por MORENA. Entre los delegados, por cierto solo ocho de 32 son mujeres, se encuentran 16 dirigentes estatales de MORENA, 10 legisladores federales o locales por el mismo movimiento, con licencia, seis ex candidatos por MORENA y cuatro de ellos a gobernador. Estos personajes, dotados de un alto y concentrado poder político local, pueden atentar contra el principio de equidad en la competencia entre partidos políticos”, alertó.

En tales circunstancias, indicó, es necesario delimitar las funciones y responsabilidades de esos servidores públicos, así como acotar su actuación, a fin de evitar la concentración de poder (Noticias MVS)