La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados celebró que jueces de los estados de Chihuahua y Querétaro hayan otorgado amparos contra la decisión del Gobierno federal de cancelar la entrega de subsidios a las estancias infantiles.

Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de ese grupo parlamentario, consideró que las resoluciones representan una señal positiva que podría terminar beneficiando a los 329 mil niños que resultaron afectados por la decisión de eliminar el apoyo económico a ese programa.

"Sin duda, la positiva actuación del Poder Judicial constituye una bocanada de oxígeno al imperio de la justicia y la cordura en los programas sociales y la convivencia nacional", expuso.

Según el legislador, existen casos similares que están en proceso en los estados de Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Yucatán.

"Más allá de las batallas legislativas que se han librado en el Congreso por parte de la oposición, frente a la soberbia de una mayoría intolerante y frente a la imposición de transformaciones absurdas, pareciera que finalmente se impone la razón a través del poder judicial que actúa conforme a derecho", sostuvo en un comunicado.

El coordinador panista recordó que, en el caso de Chihuahua, los jueces primero y segundo de distrito en materia penal otorgaron amparos definitivos en favor de los demandantes.

"Las resoluciones son muy claras al obligar a la Secretaría de Bienestar y su delegación estatal de programas para el desarrollo a entregar el presupuesto correspondiente a enero y febrero con base en los lineamientos de 2018 y rechazar las disposiciones establecidas en 2019", refirió.

De acuerdo con Romero Hicks, los juzgadores advirtieron que, en caso de no acatar los amparos, funcionarios de todos los niveles podrían ser sancionados con penas de hasta nueve años de prisión, multas e inhabilitación para laborar en el sector público.

El legislador informó que, en el caso de Querétaro, el juez séptimo de distrito de amparo concedió la suspensión para no aplicar la reducción presupuestal de 2019 y obligar a mantener las disposiciones del año pasado.

Esta resolución, aseveró, es la que corresponde al primero de nueve amparos presentados.

"La importancia de estos hechos es que, más allá de las definiciones que pudieran tener las reglas operativas del programa, se concedió el beneficio legal por dejar desamparados a los menores y velar por el bienestar de los niños como principales afectados".

El panista afirmó que el programa lanzado por el nuevo Gobierno no garantiza las prestaciones para los ya beneficiados, lo que se opone al principio de progresividad e interés superior del menor. /psg/m