Diputados de la Oposición advirtieron que la tendencia del Gobierno federal de adjudicar la mayoría de los contratos de servicios y obras genera un riesgo de caer en mayor corrupción y opacidad contrario a lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dice combatir.

Señalaron que el Gobierno ha hecho a un lado las normas del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando debería considerarlas en todos sus actos.

REFORMA publicó que el 77.8 de los contratos firmados por el Gobierno en 150 días se ha otorgado por adjudicación directa, contrario al discurso del Ejecutivo y de los planteamientos de austeridad de privilegiar las licitaciones públicas.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, consideró que se está viviendo un proceso "desinstitucionalización" del País porque se ve el cumplimiento de la ley y respeto a las instituciones como un estorbo y suplicio para poder hacer llegar programas a la población.

Señaló que la práctica de privilegiar la adjudicación directa y la decisión de emitir lineamientos en vez de reglas de operación para los programas sociales hacen que México regrese a los años 80.

"Si sumamos que no hay licitaciones, que no hay reglas de operación, que se dan las adjudicaciones directas y solamente lineamientos generales para ejercer el presupuesto, estamos ante una gigantesca opacidad y nos regresamos al año de 1983, cuando empezó la legislación sobre licitaciones", refirió.

"Y en términos de transparencia nos estamos yendo al año 2000, cuando se legisla en esta materia, por eso digo que estamos ante una involución en términos de Administración Pública".

La legisladora del PRI manifestó que se debe insistir al Gobierno que refuerce la transparencia y se apegue a la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Opinó que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y las publicaciones de la prensa son parte de los actores que pueden ayudar a evidenciar lo que está pasando en el Gobierno.

La diputada del PAN Marcela Torres manifestó que el País está dejando a un lado las prácticas internacionales más aceptadas sobre transparencia y rendición de cuentas al privilegiar las asignaciones directas.

"Torpe por parte de la Administración no impulsar y más bien hacer a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción, porque éste es un árbitro ciudadano imparcial para promover las mejores prácticas, es la mejor forma de transparentar los recursos y de todo lo que tenga que ver en la relación entre la iniciativa privada y el Gobierno", apuntó.

Indicó que cuando no hay contratos transparentes se pierde la confianza que se necesita para la inversión pública, privada, nacional y extranjera.

En tanto, el diputado del PRD Antonio Ortega señaló que López Obrador está repitiendo la práctica común que caracterizó su Administración en el entonces Distrito Federal con una mayoría de contratos otorgados por adjudicación directa.

"No tengo duda que detrás de esto hay actos de corrupción, la formación de cajas chicas, medianas y grandes, y sobre todo una burla a la ley y a los ciudadanos", mencionó.

Agregó que la sociedad en su conjunto tiene que alzar la voz para impedir que esto continúe porque pueden generalizarse actos de corrupción.

"Se dice una cosa y se hace otra en relación a las licitaciones, se genera confusión, pero finalmente los hechos demuestran lo contrario sobre lo que se promete", dijo el perredista. (Reforma.com)