Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión discuten en torno a la llamada "Ley Garrote", aprobada por el Congreso de Tabasco, que modifica el Código Penal del estado para imponer hasta 20 años de cárcel a quienes impidan la ejecución de obras públicas.

Kenia López, senadora de Acción Nacional, aseguró que los morenistas que surgieron del Partido de la Revolución Democrática (PRD) nunca hubieran aceptado la ley en sus tiempos como perredistas.

"Es sistemática la violación a los derechos humanos por este Gobierno: No van a confundir a la ciudadanía, es claro que hoy México sufre un detrimento de sus derechos; suena increíble pensar que discutamos sobre la libre manifestación. AMLO tomó cuatro veces los pozos petroleros, hubiera estado más de 50 años en cárcel", aseveró.

La senadora por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Verónica Noemí Camino Farjat comparó los códigos penales de Yucatán y del Estado de México, en los que también se prohíben de diferentes formas las manifestaciones contra obras.

"Respetemos las formas de arreglar sus problemas en los Estados, si son inconstitucionales a la Corte y con el tiempo lo sabremos", dijo.

Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo (PT), consideró que la libertad de expresión es un principio sagrado que debe permanecer intacto.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Pilar Lozano, manifestó que la clase política no puede permitir una involución legislativa en materia de derechos humanos y menos dar paso al camino de la criminalización de la protesta social.

"La ley es una especie de censura previa y viola lo establecido en artículos de la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos".

"Si esta soberanía no manifiesta su conformidad con esta ley, estará permitiendo la violación del orden constitucional en Tabasco y la posibilidad de que otras entidades legislen en el mismo sentido", dijo Lozano.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Soraya Pérez afirmó que es una ley a modo para evitar la protesta de la ciudadanía, pues aplicar penas por 20 años a quienes protestan es perfilar el garrote en las protestas y evitar la libre expresión, lo que es inadmisible en un país democrático.

Pérez pidió al Gobernador Adán Augusto López que transparente cuáles son las organizaciones sindicales del PRI que extorsionan la inversión.

"Hay vicios de un gobierno represor y autoritario, por muy buenas intenciones que tengan, es la otra cara de la moneda y por eso le llaman la 'Ley Garrote'", dijo la priista sobre las reformas al código local de Tabasco.

El senador de Morena, Eduardo Ramírez, acusó que se trata de confundir a la opinión pública con la llamada "ley del garrote", pues el congreso de Tabasco trata de impedir las extorsiones para impedir las obras públicas y privadas, pero no se impide la libertad de manifestación.

Ramírez agregó que no tiene por qué mencionarse que es la "ley del garrote", porque no existe garrote.

Sobre las afirmaciones de que Andrés Manuel López Obrador tomó pozos y Paseo de la Reforma, justificó las acciones del Presidente por no tener intenciones económicas.

"No nos equivoquemos, no lo hizo a cambio de un dinero para dejar que pasar a la gente, se hizo contra el fraude electoral, se hizo para que el sistema democrático fuera más transparente; no confundamos una cosa con otra, esta es una ley en contra de la extorsión en contra del lucro, en contra del agandalle", dijo el legislador de Morena.

Ramírez explicó que el delito sólo se configurará a quién obstaculice la libertad de tránsito a cambio de una cooperación o lucre con ello.

"Hay intereses oscuros que intentan obstaculizar esta magna obra que va a reactivar la economía y generar empleos", señaló el senador sobre la refinería de Dos Bocas.

Beatriz Paredes Rangel, del PRI, se manifestó en contra de la ley y pidió que se modifique la reforma para que no quede duda de la interpretación de la misma.

"Es indispensable que esa reforma se modifique para no permitir aplicación discrecional para aplicar sanciones", consignó Paredes, "los artículos de la reforma permiten la interpretación y pueden ser usados para la persecución política.

"Les pedimos que reconozcan que la ley no puede ser ambigua, que permita el autoritarismo y la persecución, no nieguen que vivimos en un país de gran tradición social, ¿viene lo mismo para la ciudad de México? Si el gobernante de izquierda toma decisiones represivas, ¿no son represivas?". (Reforma.com)