El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, llamó a corregir la Ley Nacional de Extinción de Dominio y prohibir la venta de bienes presuntamente de origen ilícito antes de la sentencia correspondiente.

“Nuestra preocupación sigue siendo que la extinción de dominio pueda ser un instrumento de la autoridad para perseguir de manera discrecional a sus adversarios políticos o despoje de sus bienes a los particulares sin respetar el debido proceso”, señaló.

Subrayó que la extinción de dominio es una iniciativa de origen panista para golpear al crimen organizado en su aspecto patrimonial y financiero, pues se estima que la delincuencia obtiene alrededor de 50 mil millones de dólares al año, mientras lo recuperado en el último sexenio fue solo 17 millones de dólares.

Romero Hicks reconoció el temor y la desconfianza de las personas ante la posibilidad de ser privadas de sus bienes, vulnerando sus derechos fundamentales.

“A unas semanas de la votación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es evidente que teníamos razón: salta a la vista que cometieron un error y están a tiempo de corregirlo dando su apoyo a la iniciativa que presentó Acción Nacional en la Comisión Permanente para despejar el temor de la ciudadanía”, dijo.

El líder parlamentario de Acción Nacional remarcó que la ley no debe causar temor ni afectar a las persones de bien, pues su activación procede respecto a los bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse.

De acuerdo con el artículo 22 constitucional, la figura de extinción de dominio procede por hechos como delincuencia organizada, secuestro, hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, los cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión, recordó.

Respecto a la disposición final de bienes, los legisladores del PAN propusieron destinarlos al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, sin que su aprovechamiento se decida discrecionalmente por parte del Ejecutivo federal. /jpc/m