Especialistas en derecho penal, académicos y abogados manifestaron ante diputados que la minuta del Senado que mete la defraudación fiscal en supuestos de delincuencia organizada es inconstitucional.

Argumentaron que la propuesta viola el debido proceso, atenta contra derechos humanos, ahuyentará la inversión privada y es contradictoria del sistema penal acusatorio, entre otros factores de impacto.

Durante la sesión de Parlamento Abierto, que llevan a cabo las comisiones de Hacienda y Justicia sobre el tema, ante la inminente intención de Morena de dictaminar la próxima semana el proyecto, los participantes pidieron que no se apruebe y se le dé más tiempo para su análisis.

El abogado Ricardo Zinser explicó que los delitos de defraudación fiscal son de tipo patrimonial, por lo que no deberían estar metidos en leyes que tienen que ver con delincuencia organizada y seguridad nacional.

Recordó que en México hay un nuevo sistema de justicia penal y se ha querido cambiar la forma en que se busca hacer justicia en el País.

Consideró que la minuta del Senado es incorrecta y contradictoria del sistema legal, porque se buscaba hacer una excepción la prisión preventiva, y con la reforma se está generalizando.

"Ya no es la excepción, es irnos para atrás y seguir los mismos vicios, de meter todos los delitos en la cárcel, estamos buscando venganzas en cárceles costosas y escuelas del crimen", expuso.

También dijo que la minuta es violatoria de la Constitución y será "tumbada" porque los delitos de defraudación fiscal no están en el catálogo de delitos de prisión preventiva que están en el artículo 19 constitucional.

Indicó que se quieren insertar los delitos de defraudación fiscal en leyes que tienen otros fines de sanción.

"Mi opinión como abogado, como catedrático, es que estoy abiertamente en contra se pretenda modificar artículo segundo de Ley de Delincuencia Organizada para que delitos fiscales sean tratados como delincuencia organizada, no debemos olvidar cual objeto de esta ley, se creó en 1996 y su objetivo es titular en específico la seguridad, la soberanía y la seguridad nacional", aseveró.

Señaló que la defraudación fiscal no atenta contra la integridad y la estabilidad del Estado mexicano.

"Los derechos fiscales son delitos de carácter patrimonial, si bien el ofendido es el Estado, no son delitos violentos son patrimoniales, son un absurdo estos cambios", mencionó.

Samuel González Ruiz, ex director de la Unidad de Delincuencia Organizada de la PGR, argumentó que, si bien hay elementos para considerar que una empresa puede funcionar como parte de la Delincuencia Organizada, no podría aplicarse en forma general.

Dijo que es preocupante que se quiera aplicar la prisión preventiva en forma generalizada.

"Se nos está pasando la mano en el tema de la prisión preventiva oficiosa y sus ampliaciones", expuso en la sesión de Parlamento Abierto realizada en Cámara de Diputados.

Sugirió que la Legislatura termine la reforma procesal penal y determine penas racionales, a través de estrategias que impidan la puerta giratoria que permiten la salida de delincuentes.

Indicó que, a pesar del espíritu de la reforma, se requiere elementos más graves de conductas.

Por el efecto expansivo que tiene la reforma, se debe cuidar la reforma y mejorar la redacción de tipos penales, recomendó.

El especialista en Ciencias Penales, Rodolfo Félix Cárdenas, advirtió que la llamada ley "antifacturera" equipara a las empresas con los cárteles de la droga.

Afirmó que los legisladores no han entendido los alcances de la reforma, ya que convierte a cualquier integrante de una asociación civil o mercantil en miembro potencial de la delincuencia organizada, lo que ocasionará la extinción de las empresas.

El especialista calificó como una falacia que la reforma combata únicamente a las llamadas factureras, ya que, al considerar el fraude fiscal, también afectará a las empresas o a cualquier persona que forma parte de una asociación mercantil.

"Se ha informado de una manera un tanto falaz que la reforma tiene que ver únicamente o quizá únicamente con el tema de las llamadas empresas factureras o fantasma, y esto no es del todo así, el problema está en otro lugar. El problema es esta propuesta de reforma está dirigida a tratar como miembros de la delincuencia organizada el fraude fiscal en la parte más importante, que es el artículo 108 del Código Fiscal", explicó.

Félix Cárdenas informó que el fraude fiscal no puede ser considerado delincuencia organizada, ya que se excluyen por definición. La delincuencia organizada, dijo, es una organización de hecho y no jurídica.

"Si llevamos al fraude fiscal ahí, no deja de ser por eso el requisito una organización de hecho, no es una organización jurídica y las empresas son organizaciones jurídicas, las empresas, la industria", resaló.

El abogado advirtió que, si los diputados aprueban la minuta enviada por el Senado, estarían legitimando prácticas como el derecho de piso y agregó que dicha reforma plantea un trato desigual para empresarios y contribuyentes, ya que se les equipara a los integrantes de cárteles.

"La reforma lo que está haciendo es darle sentido de licitud a la delincuencia organizada () Si yo voy a dar un trato a la empresa por fraude fiscal como delincuencia organizada es un tratamiento desigual, ¿por qué a mí empresa me vas a tratar así, me vas a llevar a la cárcel o me vas a tratar de esta manera y al Cártel de Jalisco no si somos delincuencia organizada? Eso no lo está previendo la ley", advirtió.

"Está equiparando a las empresas y a la industria con los cárteles de la droga, los cárteles que trafican armas, los carteles de trata de personas".

Jorge Gaxiola, de la Asociación de Bancos de México, recalcó que la reforma pone de rodillas a los empresarios, ya que los obliga a tener que defenderse en prisión preventiva, con cuentas congeladas y con extinción de dominio, es decir, con el riesgo de que sus bienes puedan ser vendidos antes de que exista una sentencia en firme.

"Se va a defender con las cuentas bloqueadas, en prisión preventiva, con extinción de dominio, donde no sólo está en juicio, sino que se puede poner en venta su patrimonio incluso antes de que se defina si es contribuyente o no", señaló.

Acusó que son quienes pagan impuestos y generan empleo los que están siendo sometidos a este "régimen de discrecionalidad", el cual calificó de inapropiado al régimen constitucional. (Reforma.com)