Palacio Legislativo, 07-02-2014 (Notilegis).- Magistrados, funcionarios electorales, investigadores, ex consejeros y ciudadanos, pidieron precisar las facultades que tendrá el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) y definir el papel que jugarán los medios de comunicación, al participar en un foro sobre la reforma electoral y las elecciones del 2015.

Coincidieron en la necesidad de precisar estos aspectos en las leyes secundarias de la reforma político-electoral, promulgada por el Ejecutivo federal el pasado 31 de enero.

Los especialistas participaron en el foro “Alcances y perspectivas de la reforma política para el proceso electoral 2014-2015", organizado por el Partido del Trabajo (PT), que inició ayer jueves y concluye este viernes.

El P¨T informó en comunicado que el ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Jaime Cárdenas Gracia, destacó que las leyes secundarias deben definir las facultades de los institutos electorales locales al crearse el INE, con la finalidad de moderar el papel que jugarán los medios de comunicación y propiciar condiciones equitativas.

También planteó regular el financiamiento privado en las campañas, pues, dijo, rebasa cuatro veces el público.

Comentó que la aprobación de las recientes reformas constitucionales han ido conformando un nuevo régimen, no sólo político o económico, sino jurídico, debido a que la mayor parte de las modificaciones no tienen nada que ver con los significados y alcances sociales y nacionales de la Constitución de 1917.

El líder de proyecto en la dirección distrital XVII del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Adrián Oswaldo Cervantes Arista, abordó el tema de Perspectivas del Instituto Electoral.

Indicó que se transita por una etapa complicada en relación con la propuesta incluida en el Pacto por México, que plantea la integración del INE, lo que resulta en un riesgo potencial para la pérdida de la fuente de trabajo de los trabajadores del IEDF.

Por lo tanto, pidió que para formar el nuevo órgano, se piense en capital humano experimentado y capacitado que tenga en su haber la experiencia técnica de los procesos requeridos.

El coordinador en la dirección distrital XXXV del IEDF, Ignacio Galindo Diego, explicó que la legislación federal, para delegar facultades a los órganos electorales estatales, deberá tener un marco regulatorio general que no atente contra del régimen constitucional y municipal de cada entidad federativa.

“Las normas que se expidan deberán ser lo suficientemente laxas, pero al mismo tiempo concretas, porque vivimos con un régimen de gobierno de facultades expresas, pero que marquen líneas muy generales y faculten a los órganos electorales locales de la manera más amplia y correcta posible”, dijo.

Recalcó que es de suma importancia que la legislación secundaria sea clara y precisa para evitar que ésta tenga que ser reformada en el corto plazo ante los conflictos que puedan derivar de la confusión de competencias o de la interpelación de la ley.

Resaltó que se debe tener presente que la propia Constitución estipula que las reformas electorales no podrán ser aplicadas por los órganos electorales antes de que haya transcurrido un plazo no menos a 90 días naturales a partir de la fecha de su promulgación.

El magistrado electoral de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Carlos Silva Adaya, señaló la necesidad de hacer más intenso el diálogo entre los actores políticos y los órganos técnicos con aquéllos que tienen la responsabilidad de esta legislación secundaria.

Este diálogo tendría el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un mejor producto que coadyuve en la garantía de sus derechos, añadió.

La profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Irma Méndez de Hoyos, propuso que la Cámara de Diputados controle las malas prácticas electorales para que la reforma cumpla su objetivo de elevar la calidad de las elecciones.

“Si queremos trabajar en la confianza de las elecciones, tenemos que erradicar el fraude electoral y controlar las malas prácticas electorales”, aseveró.

Aseguró que “desafortunadamente una de las grandes conclusiones en el mundo es que no hay manera de erradicarlas; hay manera de controlarlas, sancionarlas, castigarlas y ése es el propósito que tiene que lograr la Cámara en su conjunto”.

Afirmó que 19 órganos electorales estatales en el país son altamente partidistas, tienen poca independencia, incluso jurídica.

Respecto al profesionalismo, “nos encontramos con un problema aun más grande, pues sólo en tres entidades se han aprobado los estatutos del servicio profesional electoral, y en el resto, sólo existen en la ley”, agregó.

Manuel Alberto Merlo Martínez, estudiante de último semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana de Puebla, externó que la democracia en México es capaz de ofrecer a la sociedad civil mecanismos de participación ciudadana, con el fin de que ésta pueda ejercer de forma más amplia sus derechos políticos.

“Tal es el caso de la Reforma Política de 2012, que entre otras cosas, consagra en la Constitución el derecho ciudadano a ser votado por una vía externa a los partidos políticos: las candidaturas independientes”, puntualizó.

Román Jaimes Contreras, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, propuso que la Ley General de Procedimientos Electorales, contemple como permanentes a los órganos electorales máximos de dirección de las entidades federativas.

Planteó que estos órganos estén integrados por consejeros y representantes de partidos políticos, con autonomía de decisión.

Señaló que se debe tomar en cuenta que los consejeros generales en materia electoral, en el ámbito local, son los órganos superiores de dirección y responsables de vigilar el cumplimiento permanente de las disposiciones constitucionales.

“Es pertinente mencionar que es responsabilidad de todos los que estamos involucrados en actividades político-electorales contribuir en la construcción de esta ley general en materia político-electoral y obligación de quienes la elaboran de analizar y en su caso, tomar en cuenta las opiniones que se viertan, en bien del fortalecimiento de nuestra democracia”, finalizó.

JGM