Nota N°. 5815 Pide Valles Sampedro al Senado reforzar el papel rector del Estado en la minuta que le turnó la Cámara de Diputados sobre Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Palacio Legislativo 17-02-2014 (Notilegis).- La diputada Lorenia Valles Sampedro (PRD) conminó al Senado de la República a reforzar el papel rector del Estado en la minuta que reforma la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, aprobada en San Lázaro el pasado 4 de febrero y turnada a la cámara alta para su análisis.

 

“El sistema ferroviario de nuestro país requiere que el Estado asuma el papel de rector y cuente como se está haciendo en otros rubros con más ofertas y no sólo las de un duopolio que hoy amenaza y mañana buscará desestabilizar”, indicó en un comunicado.

 

La diputada perredista convocó a la cámara alta a “no dejarse tentar” por “propuestas inconfesables y anteponer el interés de la nación sobre quienes no quieren ser regulados para que presten un servicio eficaz, seguro y de calidad y menosú, tener enfrente competidores”.

 

El dictamen que aprobó la Cámara de Diputados reforma diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con el propósito de abrir el sector a la competencia, abaratar el costo de los servicios y mejorar la infraestructura que es propiedad de la nación.

 

Valles Sampedro expresó que el reglamento aprobado por San Lázaro no le otorga al Estado verdaderas atribuciones rectoras y le permite únicamente facultades “de policía”.

 

Afirmó que con la aprobación de este dictamen, cuya minuta pasó al Senado, “se pretende coronar la desincorporación del Sistema Ferroviario Mexicano que inició el ex presidente Ernesto Zedillo en 1997, siguió el proceso de privatización en el gobierno Vicente Fox, y ahora, con las modificaciones a la ley, el Estado se quedaría sin ninguna atribución legal trascendente”.

 

Señaló que de inmediato las dos empresas que prestan el servicio ferroviario de carga, ya reaccionaron y empezaron a presionar al Senado para que dé marcha atrás en la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, porque, dicen, “producirá efectos muy negativos para la economía nacional”.

 

AMR/JGM