Nota N°. 6414 | Para lograr una justicia ambiental, las acciones conjuntas de sociedad y Estado deben ser el primer bastión, afirma directivo de centro de estudios |
Palacio Legislativo 02-04-2014 (Notilegis).- Las acciones conjuntas de la sociedad y el Estado deben ser consideradas como el primer bastión para lograr una justicia ambiental, aseguró Salvador Eloy Muñúzuri Hernández, director del Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales AC., (CEJA).
Durante la inauguración del foro “El futuro de la Justicia Ambiental en México”, en San Lázaro, el directivo de la organización civil añadió que ésta debe permear a todos los sectores de la sociedad y sus miembros deben ser igualmente cobijados.
“La acción conjunta sociedad-estado debe ser considerada el primer bastión de la justicia ambiental”, indicó y aseveró que “procuración de justicia ambiental para ser eficaz requiere de mecanismos eficaces”.
Como sociedad se debe procurar el equilibrio y satisfacción de las necesidades con la protección de los elementos que conforman el entorno tal y como lo consagra la Constitución, dijo.
“En la búsqueda de este equilibrio que el concepto de justicia ambiental cobra sentido, y debe ponerse en práctica mediante la función del Estado que tiene la obligación de hacer cumplir y salvaguardar el derecho”, indicó.
Muñúzuri Hernández agregó que esta protección debe darse de manera coactiva desde la propia sociedad, cuya acción debe estar circunscrita a normas de carácter preventivo con las que se eviten llegar a la facultad coercitiva del Estado.
Señaló que hoy en día se cuenta, además de los mecanismos tradicionales de responsabilidad civil, administrativa y penal, acciones de sanción a quien deliberada y negligentemente perturbe los elementos naturales o a los ecosistemas.
Recordó que “ya se cuenta en nuestra legislación con acciones colectivas que poco a poco se irán ejerciendo en contra de la sociedad o de instituciones o empresas que generen daños a colectividades en materia ambiental”.
El director del CEJA consideró que falta “fortalecer a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)” y externó que el Congreso de la Unión es corresponsable de que estos cambios puedan concretarse cuando se planteen y se encuentren debidamente consensuados.
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