Palacio Legislativo, 22-04-2014 (Notilegis).- La titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), Nelly Montealegre Díaz, urgió la necesidad de homologar en el país los protocolos de investigación de casos de feminicidios.

Dijo que 30 de las 32 entidades del país tienen tipificado el delito de feminicido, mientras que Chihuahua tipifica el “homicidio agravado en razón del género” y Nayarit tipifica el “homicidio contra la mujer cuando se identifican razones de misoginia en su muerte”.

De estos 30 estados que tienen tipificado ese delito, solamente 16 cuentan con protocolos de investigación, que brindan mecanismos para identificar ese tipo de casos, indicó la funcionaria en reunión con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre feminicidios en México.

También agregó que entre los principales delitos en México figuran el abuso sexual, la pornografía infantil y el hostigamiento sexual.

La fiscal especial calificó como “muy lamentables” las cifras existentes en México respecto al tema de pornografía infantil, donde la primera categoría de las víctimas es de cero a seis meses de edad, por lo que se debe trabajar muchísimo y fortalecer las estructuras para combatir estos delitos.

Montealegre Díaz externó que en 2013 se iniciaron 406 expedientes de niños, niñas y mujeres desparecidos, de los cuales se localizaron 258 en un año y ningún caso fue federal.

“Actualmente estamos trabajando muchos casos del fuero común, pero ninguno de ellos fue federal, se entregó a la niña, niño o mujer rescatada a la procuraduría del estado, porque regularmente hay un delito detrás de su desaparición, pero son casos del orden común”, precisó.

La titular de la Fevimtra aseveró que “no podemos cerrarle la puerta a ninguna madre, padre o familiar que va en busca de su hijo o su hija, y que la Fiscalía le diga ‘esto no es fuero federal, es fuero común’”.

En ese contexto, refirió que la “búsqueda de niños, niñas y mujeres desaparecidas” y “delitos cometidos a través de medios electrónicos en agravio de niñas y niños adolescentes” son ejes de acción principal nuevos de la Fevimtra, además de la “violencia contra las mujeres” y “trata de personas”.

Señaló que, en noviembre pasado, en la conferencia nacional de procuración de justicia se presentó un punto de acuerdo mediante el que se obliga al Estado mexicano a tener tres protocolos investigación: sobre feminicidio y violencia sexual, además de búsqueda de niños, niñas y mujeres desaparecidos.

En el caso de niños, niñas y mujeres desaparecidos, solamente 13 estados tienen protocolo de investigación; mientras que en el tema de violencia sexual, únicamente 14 entidades implementan dicho protocolo.

Montealegre Díaz pidió a los legisladores que impulsen iniciativas de ley para que todos los casos de niños, niñas y mujeres no identificados que están en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) estatales, federales y municipales, sean reportados a la federación.

“Tenemos un sistema denominado ‘Codis’, que almacena los códigos genéticos de las personas, se guardan en una base datos y se resetea cada 24 horas; por tanto, con el código de alguno de los padres de niños desaparecidos se puede hacer la comparación respectiva”, manifestó.

Pero, advirtió, si alguna entidad no entrega a la PGR la información genética de los cuerpos de niños localizados en la Semefo estatal, no se puede comparar y avanzar en las investigaciones.

Solicitó a los legisladores que exhorten a la Policía de Justicia de los estados (PJE) que permitan a la PGR extraer una muestra del código genético de cuerpos de niños, niñas y mujeres localizados en las Semefo.

Montealegre Díaz también destacó la necesidad de crear un registro de maestros que, como servidores públicos, hayan sido identificados legalmente como agresores sexuales (de niños en las escuelas), a fin de dar un seguimiento a nivel federal y evitar que cometan el delito en otras entidades.

Asimismo, consideró relevante que sea un requisito indispensable para la contratación de profesores en la escuelas, no contar con antecedentes penales “por abuso sexual a niños”, previo a su contratación como servidores públicos.

“Hay unos casos del año pasado de maestros que al tener una orden de aprehensión en el orden federal se van a los estados y están trabajando en escuelas primarias, particulares”, comentó.

Tras lo anterior, la diputada Julisa Mejía Gallardo (PRD) pidió a la Fiscalía que explique, en una próxima reunión, la forma en la que se aplicará el presupuesto asignado a esa dependencia para la capacitación de personal forense, médicos legistas, ministerios públicos, policías ministeriales y de investigación.

También las asignaciones para el fortalecimiento de los refugios para mujeres, los centros de atención externa y el protocolo y registro de datos genéticos.

También estuvieron presentes las diputadas Denisse Ugalde Alegría (PRI), Martha Córdova Bernal (MC), Elena Corrales Corrales (PRI) y la presidenta de la Comisión sobre Feminicidios, Guadalupe Flores Salazar (PRD), quien se incorporó minutos antes de finalizar la reunión.

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