Palacio Legislativo 17-06-2014 (Notilegis).- El cambio de paradigma en el sector de energía resulta fundamental para el país y el principal objetivo de las leyes reglamentarias debe ser la nueva infraestructura y la generación de más y mejores empleos, coincidieron expertos en reunión con diputados.

Los expertos expusieron ante Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía su análisis en torno a las iniciativas de las leyes secundarias de la reforma constitucional en la materia, que se discuten en el Congreso de la Unión, una parte en San Lázaro y otra, en el Senado, como cámaras de origen.

Al encuentro asistieron Rogelio Gasca Neri, conferencista, consultor y consejero independiente en materia de energía; Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estas comisiones unidas iniciaron el pasado 5 de junio una serie de reuniones con funcionarios y expertos para analizar los documentos que envió el Ejecutivo federal, las cuales concluyen el próximo día 19.

Gasca Neri afirmó que el cambio de paradigma en el sector energético resulta fundamental para el país y, tal como se ha planteado, será un éxito al impulsar la resolución de los problemas y enfrentar los retos existentes, ya que permite aprovechar oportunidades en los rubros público, privado y social.

Consideró que tanto la renta petrolera como las tarifas eléctricas, forman parte medular de la reforma energética, por lo que se requiere que los contratos estén bien elaborados y se cuide el clausurado y su diseño.

El conferencista, consultor y consejero propuso que las bases de licitación que se lleven a cabo sean conformadas de manera transparente, con una ejecución impecable y un seguimiento y control eficiente.

Añadió que la reglamentación secundaria que se apruebe debe ser clara y contar con habilidad de ajustarse a los cambios no previstos que se presenten en el transcurso de los contratos, ya que su estabilidad nunca contempla más de 10 años debido al cambio constante en el entorno de precios.

También dijo que “los contratos energéticos a largo plazo son extraordinariamente complejos y están plagados de letras chiquitas, al considerar los supuestos sin contemplar los cambios”.

Exterminó que deben evitarse actitudes de triunfalismo y grandes expectativas como en años anteriores.

“La correlación de mayor gasto, mayor inversión, da lugar a mayores reservas y eso da lugar a mayor producción, vimos que esto que fue uno de los problemas de la reforma de 2008, que dio lugar a que no fuera la adecuada y que pensáramos también en otra más ambiciosa y realista”, sostuvo.

Foncerrada Pascal subrayó que el principal objetivo de las leyes reglamentarias debe ser la nueva infraestructura y la generación de mayores y mejores empleos, con los excedentes de la renta petrolera.

“No es una solución mágica, pero puede aportar mucho si es bien utilizada”, aseveró.

El director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado agregó que la infraestructura de México está catalogada en el lugar 63 a nivel mundial, lo que no corresponde a un Producto Interno Bruto (PIB) que tiene el país.

Señaló también que debe garantizarse la autonomía del Fondo Mexicano del Petróleo, institución que se encargará de administrar, junto con el Banco de México (Banxico), los recursos provenientes de la renta petrolera.

Se pronunció porque los excedentes sean canalizados a educación, infraestructura y salud y no a gasto corriente, como ocurre en la actualidad.

Asimismo, recomendó que la mayor parte de este fondo se invierta “siempre en divisas”, a fin de tener una protección natural ante cualquier evento internacional y evitar la inflación y la pérdida de competitividad.

Ruiz Alarcón resaltó que existen asimetrías regulatorias y fiscales, entre Pemex y los futuros operadores internacionales.

Precisó que al introducir la figura de contratos de licencia y de producción compartida, existe una clara decisión del Estado mexicano de compartir la renta petrolera.

“No hay forma de establecer un contrato de licencia o de producción compartida sin que haya una manera de retribución del riesgo geológico que estas modalidades contractuales representan”, indicó el consejero profesional del Consejo de Administración de Pemex.

Puntualizó que esto representa el fin del monopolio jurídico de Pemex y “estaremos por establecer las condiciones para materializar el fin del monopolio operativo en ese sentido económico de la paraestatal”.

Explicó que existen tres elementos que están en juego en la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética: La seguridad energética nacional de los próximos 30 años; el papel del Estado mexicano como actor económico relevante y con autoridad regulatoria eficaz; así como el papel de Pemex como ente económico en el mediano y largo plazos.

El experto calificó como un “gravísimo” error que el Estado mexicano limite los recursos al desarrollo tecnológico en el sector energético.

“Se mantiene un peso muy importante en la SHCP en las decisiones presupuestales de Pemex y una lamentable ausencia en el tema de ciencia y tecnología, lo que está en la iniciativa es la imposición de un límite de cinco mil millones de pesos, que se destinarían a la investigación y desarrollo en el sector”, subrayó.

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