Palacio Legislativo, 17-06-2014 (Notilegis).- Diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía analizaron con expertos del sector privado las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en la materia, en la tercera de cinco reuniones previas a la elaboración de dictámenes.

Al encuentro asistieron Rogelio Gasca Neri, conferencista, consultor y consejero independiente en materia de energía; Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las comisiones de Hacienda y Energía iniciaron el pasado 5 de junio una serie de reuniones con funcionarios y expertos para analizar los documentos que envió el Ejecutivo federal, las cuales concluyen el próximo día 19.

El Ejecutivo federal envió el pasado 30 de abril al Congreso de la Unión nueve paquetes de iniciativas reglamentarias en materia energética, tres de los cuales se turnaron a San Lázaro, como cámara de origen, que tienen que ver con modificaciones en materia fiscal, impositiva y hacendaria.

La diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) celebró que en la propuesta de estas leyes del Ejecutivo se destine parte de los excedentes petroleros a la ciencia y tecnología y el desarrollo de las energías renovables.

Señaló que se debe dar prioridad al uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos en el país y cuestionó a los expertos sobre la forma de llevar a cabo dicho objetivo en la legislación secundaria.

Indicó también que la designación de especialistas independientes para el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte del Ejecutivo, quienes deberán proporcionar información cada tres meses, garantizará la transparencia sobre el uso de los recursos derivados de los hidrocarburos.

El diputado Rubén Camarillo Ortega (PAN) cuestionó que se quiera ver a Pemex como una empresa, pero que en las iniciativas del Ejecutivo se plantea un régimen fiscal para la paraestatal no acorde con dicho objetivo.

Consideró que al establecer en la legislación secundaria de la reforma energética que los integrantes del Consejo de Administración de Pemex sean nombrados por el Ejecutivo, la “supuesta independencia de los consejeros estará permanentemente en entredicho”.

Asimismo, manifestó su preocupación por el proceso de desaceleración en la producción de Pemex en los últimos años, fenómeno que se vería agravado con la disminución del porcentaje de la renta petrolera que obtendría el Estado mexicano al compartirla con empresas privadas.

La diputada Claudia Bojórquez Javier (PRD) expresó que la reforma energética y su legislación secundaria representan un cambio de paradigma en la seguridad nacional, financiera, económica y presupuestaria, así como la “exposición y riesgo” de los recursos naturales del país.

Agregó que la posibilidad de que el sector privado participe en el aprovechamiento de los energéticos “constituye un riesgo en la pérdida de soberanía y una gran oportunidad para los privados extranjeros que se dedican, en todo el mundo, a explotar a los países subdesarrollados”.

Las iniciativas de las leyes del Ejecutivo “achicarán” a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las “colocarán en un mercado voraz financiero, en amplias desventajas”, sujetadas, además, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y los nuevos órganos reguladores, consideró.

La diputada Laura Martel Cantú (PVEM) afirmó que el país requiere una mejor y más eficiente administración de recursos, tarea a la que contribuirá el Fondo Mexicano del Petróleo, el cual garantizará el manejo “responsable y transparente” de los ingresos derivados del petróleo.

Añadió que urge frenar actos de corrupción en Pemex y criticó que los futuros integrantes del Consejo de Administración de la paraestatal no sean considerados como servidores públicos y, por ende, no estén sujetos a las leyes de responsabilidad correspondientes.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) externó que la reforma energética implica la pérdida de soberanía del país sobre los energéticos, ya que la renta petrolera deberá compartirse con empresas privadas, lo cual, dijo, es un “mal negocio para el país”.

Destacó que con las propuestas del Ejecutivo de leyes secundarias en la materia, se pone en riesgo la viabilidad financiera de CFE y Pemex y la propiedad privada de los mexicanos, no se garantiza reducción de precios de los energéticos y no se le da preferencia a la industria nacional.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) subrayó la importancia de que con la reforma energética y sus leyes secundarias se generen empleos bien pagados y competitivos para los mexicanos y que la renta petrolera se capture a favor del Estado mexicano.

Preguntó a los expertos sobre si sería viable y pertinente que en la legislación secundaria en materia energética se estableciera, de entrada, un porcentaje mínimo de ganancias derivadas de la explotación de los energéticos para el Estado, así como un porcentaje máximo de ganancias para las empresas contratistas.

Finalmente, externó si se deben corregir asimetrías o vacíos en rendición de cuentas y transparencia en la legislación, para evitar que la corrupción que se ha prevalecido dentro de Pemex se traslade a las empresas privadas.

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