Palacio Legislativo, 24-06-2014. (Notilegis).- La diputada Leticia Calderón Ramírez, presidenta de la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Civiles del grupo parlamentario del PRI, subrayó la importancia de defender la integridad de las personas y proporcionarles protección ante la violencia familiar.

La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se pronunció por detener la violencia “contra cualquier forma de vida”, al participar en la inauguración del Congreso Nacional de Violencia Familiar, Pobreza y Políticas Públicas, Prospectiva y Estrategia.

“Tenemos que defender la integridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos mayores y también de nuestro medio ambiente”, dijo en el evento organizado por la Alianza por la Infancia y sus Familias (Aifam), en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Asimismo, manifestó su compromiso con la mejora de la calidad de vida de todos los mexicanos.

Alison Lane, coordinadora general de Aifam, señaló que este congreso busca ser un punto de encuentro para dialogar y reflexionar sobre la importancia de la prevención de la violencia familiar, y los retos que deben afrontar al respecto el gobierno, la sociedad civil y la academia.

Comentó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 50 por ciento de mujeres casadas han sufrido de violencia a manos de su pareja, situación que afecta a sus hijos.

Agregó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2013 resalta que el costo nacional estimado como consecuencia de la inseguridad y el delito es del 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, casi la misma cantidad que se destina a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Afirmó que la violencia familiar, sobre todo cuando se da en contextos de pobreza y exclusión, es un factor que merma las capacidades y la salud de las personas en todas las esferas.

“El desempeño escolar, laboral, la salud emocional, física y hasta la arquitectura cerebral resultan afectados negativamente debido a las experiencias de violencia reiterada”, indicó.

La coordinadora explicó que los recursos y programas que destina el gobierno para la detección y prevención de la violencia familiar son insuficientes, por lo que las organizaciones de la sociedad civil y la academia deben participar junto con el gobierno en la implementación de más y mejores acciones.

Entre las medidas básicas que se deben aplicar destacó ubicar a la familia como un tema prioritario de salud pública, establecer un plan nacional de atención a la infancia en las familias, adoptar un enfoque integral para la atención de la violencia familiar y crear un sistema general de indicadores sobre violencia familiar.

Alison Sutton, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en Inglés) en México, destacó la importancia de la familia en el desarrollo de los niños, siendo el lugar idóneo para su crecimiento sano y protección, así como la obligación del Estado de apoyar a las propias familias.

No obstante, expuso que, a veces el hogar no es seguro y se presentan violencia, maltrato, abuso sexual, ante lo cual es necesario tomar medidas de protección, mediante políticas públicas de detección temprana de la violencia familiar y de apoyo y atención especializada a las víctimas.

Añadió que la pobreza y el estrés que impone a las familias puede potencializar la violencia, por lo que también es un problema que también se debe atender de manera prioritaria.

Juan Garay, jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, expresó que es necesario que exista un mejor diálogo entre instituciones del gobierno y sociedad civil, ya que la raíz de los problemas de México está en las carencias en el contrato social.

“No hay un signo más claro de una falta de cohesión social y un débil contrato social que la violencia contra los niños”, consideró.

Puntualizó que se requiere reforzar los valores y fortalecer los marcos legales y su implementación respecto a la violencia.

Finalmente, destacó la importancia de que más países de la Unión Europea, así como México, firmen el protocolo opcional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que sólo 13 países han firmado, por el cual los gobiernos se comprometen a garantizar estos derechos mediante acciones concretas.

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