Palacio Legislativo, 21-07-2014 (Notilegis).- Diputados del PRI, que integran la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro, cuestionaron que las obras para construirla se realizaran sin un proceso legal de celebración de contratos,

Por tanto, agregaron, “se debe fincar responsabilidad legal contra quien resulte responsable de la administración pasada”.

El presidente de esa comisión, Marco Antonio Calzada Arroyo (PRI), expresó su interés porque se precise “qué funcionarios de la anterior administración del Gobierno del Distrito Federal pagaron 119 millones de pesos a empresas certificadoras, para que dieran el aval al inicio de operaciones de la Línea 12”.

Esto, “a pesar de que (la Línea 12) presentaba problemas evidentes y muy delicados de interfaz entre el riel y la rueda de los trenes, entre muchas otras irregularidades”, precisó el diputado priista.

Calzada Arroyo comentó que integrantes de la Comisión Especial hicieron un recorrido, el viernes pasado, por las instalaciones de la Línea, “hoy estamos convencidos que fue una decisión correcta suspender el servicio de la Línea 12 por la seguridad de todos los usuarios”.

Aseguró que para los diputados, “la única respuesta satisfactoria vendrá cuando los 430 mil usuarios diarios del oriente de la Ciudad de México puedan contar nuevamente con un servicio seguro y eficiente”.

Subrayó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó, entre otras irregularidades, que la pasada administración del Distrito Federal omitió presentar la manifestación de impacto ambiental y el documento de uso de suelo permitido al iniciar la construcción de la también llamada Línea Dorada.

Refirió que existe información de que la obra se hizo sin contar con un proyecto ejecutivo previo y que sufrió modificaciones una vez que estaba en marcha la construcción, tanto en diseño como de características y especificaciones de los trenes.

“Esta omisión es muy grave, más en el caso de una administración que sustentó buena parte de su discurso de gobierno en la protección y conservación del medio ambiente y en el respeto a la legalidad”, destacó.

Por ello, subrayó, se debe demandar la reparación de los daños ambientales, así como fincar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

El legislador priista consideró indispensable que para la reapertura se cuente con una certificación que avale tanto la correcta implementación de la vía como el funcionamiento y compatibilidad de los trenes.

“Pudimos constatar que no es recomendable tomar decisiones apresuradas”, advirtió.

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