Palacio Legislativo, 01-08-2014 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN, PVEM y NA expresaron los beneficios del dictamen que establece régimen especial presupuestario y de deuda para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual fue cuestionado por PRD, MC y PT.

Los diputados fijaron la posición de su fracción parlamentaria respecto al dictamen que reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, último de los seis dictámenes del paquete de leyes secundarias de energía que se discute en San Lázaro.

Al presentar la postura de su bancada, los diputados Leobardo Alcalá Padilla (PRI), Martín Alonso Heredia Lizárraga (PAN), David Pérez Tejada Padilla (PVEM) y Lucila Garfias Gutiérrez (NA) se pronunciaron a favor del documento, destacando sus beneficios.

En tanto, los legisladores Guillermo Sánchez Torres (PRD), Alfonso Durazo Montaño (MC) y Alberto Anaya Gutiérrez (PT) lo cuestionaron.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla (PRI) señaló que con el nuevo diseño jurídico e institucional que se plantea con el dictamen, se dará solución a la problemática de Pemex y CFE como la baja productividad y la excesiva carga de financiamiento que representan para el Estado.

Destacó que con los cambios a la legislación se aumentará el monto de recursos destinados al desarrollo de entidades y municipios donde se realizará la extracción de hidrocarburos.

“El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronuncia a favor de este dictamen, porque sus disposiciones otorgarán mayor certidumbre a la planeación fiscal, tanto del gobierno federal como de los estados y de los municipios del país”, dijo.

El diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga (PAN) indicó que el documento establece un mayor ahorro para los fondos de estabilización, constituye el Fondo de Ahorro de Largo Plazo, etiqueta recursos para previsiones de gasto específicas y otorga autonomía presupuestal a las empresas productivas del Estado.

Agregó que, con el dictamen, también se plantean candados a la opacidad y a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, y resguarda los recursos públicos procedentes del Petróleo, favoreciendo a estados y municipios donde se realizan las actividades de extracción y, por ende, potencializa el desarrollo regional.

Comentó que las modificaciones a la legislación garantizan el uso estratégico de los recursos petroleros, con beneficios para personas de la tercera edad y jóvenes del país, al destinar parte de éstos a la nueva Pensión Universal y a becas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

David Pérez Tejada Padilla (PVEM) calificó de inminente “la crisis energética” del país, por ello las reformas que se plantean respecto a la distribución de los ingresos, basadas en el Fondo Mexicano del Petróleo, aseguran un flujo constante de recursos hacia diversas áreas de desarrollo de México.

Aseguró que las leyes reglamentarias de energía son una parte fundamental para la transformación del sistema energético nacional y presentan un nuevo esquema para las finanzas públicas.

Lucila Garfias Gutiérrez (NA) reconoció que las condiciones actuales del sector energético, basado en un monopolio estatal en la extracción petrolera y la generación de electricidad, muestran sus insuficiencias y ponen en riesgo la seguridad energética de nuestro país.

Por ello, aseguró, “al aprobar estas reformas (en materia energética) se está dando paso importante en la eliminación de la dependencia petrolera”.

“La reforma energética debe ser el comienzo de una transformación que nos debe llevar a mejorar los niveles de vida de los mexicanos y ésto será posible sólo en la medida en que los ingresos que se obtengan de la exploración, explotación y comercialización del petróleo y gas, se distribuyan de acuerdo a los parámetros de transparencia y rendición de resultados”, puntualizó.

Al cuestionar el documento, Guillermo Sánchez Torres (PRD) consideró que las leyes secundarias de la reforma energética “no sólo debilitarán la rectoría económica del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica”, sino, también a Pemex y la CFE, “al reducirlas a su mínima expresión a costa de la soberanía energética de este país”.

Manifestó que la disposición transitoria para que el gobierno federal asuma una proporción de los pasivos laborales de Pemex y CFE es “un monumento a la impunidad y a décadas de corrupción y malos manejos en las empresas productivas del Estado”.

Asimismo, indicó que el dictamen trastoca derechos humanos fundamentales como al del agua, al medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y de los trabajadores.

El diputado Alfonso Durazo Montaño (MC) dijo que las decisiones que ha tomado el Congreso en los últimos días han transformado el rostro histórico del país y –añadió- “lamentablemente no ha sido para bien”.

Aseveró que “la consecuencia política más importante de estas decisiones que ha tomado el Congreso en materia energética reflejan la dimensión de la crisis de representatividad de esta institución”.

Sostuvo que “esta cámara ha otorgado un cheque en blanco a las trasnacionales para hacer prácticamente lo que quieran en nuestro país” en materia energética.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) se manifestó en contra del dictamen, ya que –dijo- la presente reforma llevará a que “se regrese de nueva cuenta a la concentración de la tierra, a que el despojo de la parcela del campesino, de las comunidades indígenas y de los propietarios privados sea regla”.

“Es la contrarreforma más brutal que este país ha tenido desde el México independiente, (lo) va a dejar sin posibilidad de futuro, toda vez que la soberanía energética, la seguridad energética, se está entregando al extranjero”, consideró.

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