Palacio Legislativo, 06-08-2014 (Notilegis).- El diputado Juan Pablo Adame Alemán (PAN) pidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el procedimiento de la licitación otorgada para brindar los servicios de telepeaje y de la tarjeta IAVE en las casetas operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Recordó que la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V. está a cargo a partir del pasado 1 de agosto y dijo que se encuentra en duda la transparencia del procedimiento de la licitación.

El diputado panista señaló en un comunicado que hizo esta solicitud en un punto de acuerdo que presentó este miércoles en la Comisión Permanente, que sesionó en el Senado de la República.

Aseveró que es una interrogante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de dicha empresa y que Capufe no verificó, ni constató, aun cuando la SFP, a través de una testigo social, emitió una recomendación al respecto.

“En este procedimiento de contratación, no se atendieron las recomendaciones emitidas de la testigo social, a fin de asegurar la transparencia y apego a las disposiciones jurídicas; promoción de la calidad, eficacia e imparcialidad en los procedimientos de contratación; y en la garantía de igualdad de condiciones entre los participantes”, precisó.

Adame Alemán recordó que el cambio de empresa originó caos en casetas operadas por Capufe en las principales carreteras del país, sobre todo en este periodo vacacional de verano.

“No existió una planeación adecuada para el cambio de dichas tarjetas de telepeaje y no se avisó a tiempo a los usuarios de las carreteras federales del país”, añadió.

Asimismo, el legislador sostuvo que “estamos frente a un posible caso de actos de corrupción que afectan la normalidad del servicio de las tarjetas de telepeaje en perjuicio de los mexicanos y ante el daño al patrimonio del Estado Mexicano”.

Dijo que en el compromiso número 85 del Pacto por México, suscrito por el gobierno federal, PRI, PAN y PRD, refiere que se creará un Sistema Nacional Contra la Corrupción, lo que hasta ahora no se ha concretado.

Este sistema establecería una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.

“Aún estamos esperando la iniciativa. Una vez más queda a la luz que al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le interesa un combate frontal y efectivo en contra de la corrupción en la Administración Pública Federal sino, por el contrario, beneficiar a sus allegados”, puntualizó Adame Alemán.

JGM