Palacio Legislativo, 26-08-2014 (Notilegis).- De comprobarse que se trasgredió la normatividad en el derrame tóxico en el Río Sonora se exigirá la cancelación de la concesión de explotación a la empresa minera, afirmó el presidente de la Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados para investigar ese caso, Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI).

La Comisión Especial analizará con detenimiento los estudios que se realicen por parte de las dependencias federales encargadas para determinar las responsabilidades en el derrame, ocurrido el pasado 6 de agosto, por parte de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., de Grupo México, indicó.

“Si se confirma que se trasgredió la normatividad, se exigirá a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada para la explotación de la mina”, aseguró durante la instalación de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó el pasado 22 de agosto crear esta instancia legislativa, luego de que, dos días antes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en este sentido.

La Comisión especial está integrada, además de su presidente, por los diputados Heberto Neblina Vega (PAN), Lorenía Iveth Valles Sampedro (PRD), David Pérez Tejada Padilla (PVEM), Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC), Lilia Aguilar Gil (PT) y Dora María Guadalupe Talamante Lemas (NA).

La Comisión Especial quedó instalada este martes y de inmediato aprobó su programa de trabajo.

Bernal Gutiérrez señaló que el derrame tóxico de sulfato de cobre, afectó a siete poblaciones del estado de Sonora, en “comunidades, actividades agrícolas y ganaderas, y sobre todo elementos fundamentales para la vida humana, como es el consumo de agua”.

La Comisión Especial tiene previstas reuniones de trabajo con funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno del estado de Sonora.

También solicitará informes específicos sobre visitas de inspección, monto de los daños, gastos de las dependencias que intervinieron en el control de la emergencia, actualización del dictamen que establecerá sanciones a las que será sujeto Grupo México, restauración ecológica y acciones del gobierno del estado de Sonora, entre otros.

El presidente de la Comisión Especial detalló que los legisladores centrarán su atención en “temas medulares”, como el análisis de la suspensión de la mina operada por Grupo México, hasta que no se evalúen los daños y se garantice el resarcimiento de las afectaciones y la indemnización a la población afectada.

También evaluará que los órganos de regulación del Estado mexicano cuenten con los instrumentos necesarios en el conocimiento del problema; se garantice que se resarzan los daños a la población y se aseguren las sanciones correspondientes a la empresa minera.

“Lo que está en juego, a consideración de esta comisión, son las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta”, aclaró Bernal Gutiérrez.

Reconoció la labor de la Jucopo al decidir con “prontitud” la conformación de esta instancia especial ante la gravedad del problema y añadió que convocarán a todos los legisladores que quieran sumarse a participar para aportar ideas.

En declaraciones posteriores a la prensa, externó que “en otros países (como Estados Unidos y Canadá) las multas son altísimas, si nosotros creemos que la multa que se ha anunciado de 40 millones (de pesos) nos parece muy poco por el daño que se ha causado, entonces tenemos que endurecer la ley.

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