Palacio Legislativo, 01-09-2014. (Notilegis).- El coordinador de MC, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las reformas estructurales que aprobó el Congreso de la Unión en el último año son regresivas y la mayoría de la población las rechaza y reprueba.

Al fijar la posición de su grupo parlamentario, en el marco de la entrega del segundo informe de gobierno del Ejecutivo federal, Monreal Ávila cuestionó que la rendición de cuentas se realice en “spots” publicitarios y en el evento que se llevará a cabo mañana martes en Palacio Nacional y no “en los Poderes la Unión”.

“Ahora los spots sobre logros y avances imaginarios suplantan a la comunicación política efectiva. La investidura presidencial se lleva al terreno de lo ridículo con ceremonias harto complacientes, como la de mañana en Palacio Nacional”, señaló.

Subrayó que las movilizaciones y protestas son contenidas por vallas metálicas, escudos antimotines e incluso balas de goma.

“El estado que guarda la nación, está enferma, la inseguridad, la corrupción la tienen postrada. La decadencia política es insalvable”, aclaró.

Monreal Ávila expresó que los primeros resultados de las reformas estructurales son malos, ya que fueron aprobadas con prisas y “ahora el Ejecutivo pide paciencia para disfrutar de sus presuntos beneficios”.

El diputado de MC criticó los viajes a nivel nacional e internacional del presidente Peña Nieto, ya que dijo, en 21 meses ha visitado en 25 ocasiones el Estado de México y ha realizado 20 giras internacionales.

“Ha olvidado a los indígenas, a los oaxaqueños, hay estados de privilegio, entidades de excepción”, comentó.

Indicó que el gobierno federal no ha planteado propuestas para disminuir los problemas de inseguridad y de corrupción que existen en el país.

“En los últimos 3 años se han descubierto más fosas clandestinas que pozos petróleos”, denunció.

Monreal Ávila destacó que mientras el gobierno federal “presume” la baja en las ejecuciones violentas, delitos como el secuestro y la extorsión “van a la alza”.

Apuntó que el gobierno federal no tiene una política de Estado para combatir la corrupción, y en el ámbito público, se tolera y promueve para beneficiar a las empresas.

AMR/JGM