Palacio Legislativo, 02-09-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados avaló un exhorto a la Comisión Especial que da seguimiento al derrame de sustancias contaminantes en el Río Sonora, para que ejerza “a la mayor brevedad” sus funciones, mientras los grupos parlamentarios se pronunciaron por fortalecer la ley ambiental.

Al fijar la posición sobre este acuerdo, aprobado de manera previa por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputados de las siete bancadas coincidieron en que este caso no quede en la impunidad y se sancione a los responsables y en la necesidad de modificar la Ley de Responsabilidad Ambiental.

El pasado 6 de agosto se registró el derrame tóxico de sulfato de cobre sobre el Rio Sonora, por parte de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., de Grupo México, lo que afectó a siete poblaciones de ese estado, en actividades agrícolas y ganaderas, así como en el consumo de agua.

Ante esta situación, el pasado 26 de agosto se instaló en San Lázaro la “Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora” y en su primera reunión aprobó su programa de trabajo.

La preside Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI) y la integran Heberto Neblina Vega (PAN), Lorenía Iveth Valles Sampedro (PRD), David Pérez Tejada Padilla (PVEM), Francisco Alfonso Durazo Montaño (MC), Lilia Aguilar Gil (PT) y Dora María Guadalupe Talamante Lemas (NA).

En votación económica, el Pleno aprobó este jueves el acuerdo de la Jucopo sobre la Comisión Especial y diputados de los grupos parlamentarios se pronunciaron al respecto.

Al hablar a favor del acuerdo, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC) dijo que a casi un mes del derrame tóxico, que ha afectado 17 kilómetros en el Río Tinajas en el municipio de Cananea, 64 del Río Bacanuchi y 190 del Río Sonora, se mantiene en la impunidad.

Señaló que la tragedia ambiental es una de cuatro que se han suscitado en un mes y se suma a la impunidad de la que goza Grupo México. “El tema es de fondo, detrás de la devastación de los ecocidios está la impunidad y el contubernio con el poder”.

Posteriormente diputados de todas las fracciones parlamentarias expresaron su postura al respecto.

Manuel Añorve Baños (PRI) indicó que las afectaciones a la población van desde la falta de agua, el retiro de la ganadería y el cierre de las escuelas de la zona.

Subrayó que de manera inicial, la empresa mintió al decir que el derrame de sustancias toxicas se debió a las lluvias atípicas, ya que –agregó- fue un problema directo de la mina, además de que “trataron de disimular el problema al echar cal para tapar los daños”.

David Cuauhtémoc Galindo Delgado (PAN) señaló que del 2012 a la fecha, durante la presente administración federal, se han presentado mil 124 emergencias ambientales y es pertinente que el jefe del Ejecutivo fortalezca las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente.

Pidió que, a través de la Ley de Responsabilidad Ambiental, se ejecuten mecanismos que precisen el trabajo de prevención de las dependencias, reconoció el esfuerzo del gobierno de Sonora por atender la emergencia y pidió que el tema no se convierta en un asunto político.

Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) aseveró que la gravedad de la situación debe preocupar y ocupar a la Cámara de Diputados para que se establezca un precedente y se haga cumplir las leyes.

Consideró que la empresa Grupo México ocultó deliberadamente la falla que ocasionó el derrame y advirtió sobre lo nocivo que resulta el no obligar a los responsables a reparar el daño.

Lourdes Adriana López Moreno (PVEM) subrayó que se debe ir más allá de la creación de una comisión especial para dar seguimiento al asunto y presentar acciones más contundentes para prevenir este tipo de acciones.

Resaltó la creación de la Ley de Responsabilidad Ambiental, aunque aclaró que como toda nueva legislación también es perfectible, y adelantó que presentarán un punto de acuerdo para que se ponga en marcha el Fondo de Responsabilidad Ambiental, a fin de atender de manera inmediata a las poblaciones afectadas.

Ricardo Monreal Ávila (MC) cuestionó el actuar de diversos funcionarios federales y consideró que la multa impuesta a la empresa, que es de alrededor de 40 millones de pesos, es tan baja que se constituye como un derecho a contaminar.

“El Grupo México causó daños por tres mil millones de pesos en Sonora, pero solo lo multan con 40 millones de pesos, es decir el 1.33 por ciento, eso se llama derecho a contaminar”, dijo.

Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que ley en la materia resulta insuficiente para sancionar a empresas mineras que provocan ecocidios y daños a los ecosistemas y a los ciudadanos.

“La sociedad exige sanciones y responsables porque lo que estamos viendo hoy es el principio de lo que veremos más adelante con los daños ecológicos” y con prácticas que no están reguladas, indicó.

Cristina Olvera Barrios (NA) se refirió a la responsabilidad y negligencia del Grupo México en la contaminación del Río Sonora y la afectación a la población y a los sectores agrícolas y ganaderos, por la falta de agua.

Reiteró la gravedad del desastre ecológico y precisó que cerca de seis mil alumnos han dejado de asistir a clases.

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