Palacio Legislativo, 17-09-2014 (Notilegis).- La Comisión Especial que investiga la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi recomendó crear un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa Grupo México, con un piso inicial de cinco mil millones de pesos, adicional al fideicomiso que anunció recientemente el gobierno federal.

En su primer informe tras su constitución, el mes pasado, señaló que este fondo debe comprender los aspectos básicos para la reactivación económica y social de Sonora, como lo son: salud, alimentación, educación, infraestructura, trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas.

La Comisión Especial entregó su reporte al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Manlio Fabio Beltrones Rivera (PRI), se publicó este miércoles en la Gaceta Parlamentaria y se presentó para su discusión en la sesión de este día.

El presidente de la Comisión Especial, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), abordó el documento ante el Pleno y posteriormente los grupos parlamentarios finaron su posición sobre el tema.

En el documento, se sostiene que el estado de Sonora y sus habitantes no se han beneficiado de la explotación de sus recursos naturales, ya que la extracción de sus riquezas minerales no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses.

“La empresa Grupo México y su filial la mina Buenavista del Cobre S.A de C.V. lejos de actuar como una empresa responsable, respetuosa del medio ambiente y solidaria con la población de la zona, ha puesto en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región”, subraya.

Por esa razón planteó la necesidad de crear un Fondo de Desarrollo Regional, adicional al fideicomiso que anunció el gobierno federal, con cargo a Grupo México y con un monto inicial de dos mil millones de pesos.

Aseveró que este fideicomiso debe tener un enfoque preponderantemente humano y priorizar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a los jornaleros, productores, comerciantes, ganaderos, a las víctimas del derrame y en general, a toda la población afectada de la región.

El pasado 6 de agosto se registró el derrame tóxico de sulfato de cobre sobre el Rio Sonora, por parte de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., de Grupo México, lo que afectó a siete poblaciones de ese estado, en actividades agrícolas y ganaderas, así como en el consumo de agua.

Ante esta situación, el pasado 26 de agosto se instaló en San Lázaro la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi.

En su primer reporte tras visitar la región, la comisión también recomendó, con carácter de urgente, que se presente en la Cámara de Diputados un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en su función reguladora y sancionadora en casos de contingencia ambiental, que eleve montos de multas y sanciones.

Manifestó que “el que contamina no sólo es responsable del daño ambiental, sino también de las afectaciones económicas y sociales” y planteó que “pierde la concesión quien contamina y pone en riesgo los ecosistemas y la vida humana”.

En sus conclusiones, expresó que en el caso de la contaminación que inició el mes pasado, Grupo México se condujo con falsedad desde un primer momento.

A pesar de tener conocimiento del derrame, esta empresa se abstuvo de dar aviso con oportunidad a las autoridades durante varios días y luego señaló que había sucedido a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por las autoridades correspondientes, añadió.

También destacó que esta empresa se ha abstenido de explicar en función de qué criterios se está indemnizando, cómo se han cuantificado los daños y con qué recursos se está pagando.

La comisión especial detectó diversas irregularidades por parte del Grupo México y no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre.

Comprobó que, para un problema de la magnitud de este derrame en las inmediaciones del Río Sonora, se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que se retiraba del afluente se estaba llevando a espacio a cielo abierto, junto a la minera Buena Vista del Cobre en Cananea.

Ante estas circunstancias, la Comisión Especial opinó que la mina no debe estar en operación, pues no se tiene certeza de dónde se están depositando los desechos tóxicos.

Se “considera indispensable evaluar la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se determinen con precisión los daños, se garantice el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización a toda la población afectada”.

Pide que los gobiernos federal y estatal aseguren que se apliquen las sanciones correspondientes a la empresa minera, por los daños ocasionados.

“La Comisión Especial seguirá recabando los informes de las diferentes dependencias, para fundamentar la transgresión a la normatividad y exigir, en su caso a la Secretaría de Economía, la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México”.

La Comisión Especial solicita a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa en contra de la empresa minera y los mandos directivos que sean responsables.

“Resulta indispensable exigir a Grupo México el pago total y resarcimiento de los daños ambiental, económico y social, causados a los habitantes de los municipios afectados”.

Para esta Comisión Especial es trascendental que por la gravedad del daño ambiental, el gobierno federal integre un grupo multidisciplinario que evalúe los daños en la zona, para que determinen el impacto económico, social y agrícola que se ha causado a la población de los municipios afectados.

“Es urgente que las autoridades correspondientes cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, entre otros, incluyendo la afectación a aguas nacionales y a la biosfera, a corto, mediano y largo plazo y en general, todos los daños causados a los habitantes de los municipios afectados”, asegura.

La Comisión Especial exige que Grupo México asuma la responsabilidad de la carga del costo social completa por el derrame de sustancias tóxicas.

De acuerdo con el análisis, los integrantes de esta Comisión consideraron “que la mina Buenavista del Cobre no ha generado ningún beneficio para la región y hemos advertido que la minera incumple con los derechos laborales establecidos en la Constitución Política”.

JGM