Nota N°. 8107 | Dotarán legisladores al Estado de capacidades para asegurar interés público en actividad minera y procurar beneficio a comunidades, afirma Beltrones Rivera |
Palacio Legislativo, 18-09-2014 (Notilegis).- El Congreso dotará al Estado de las capacidades legales e institucionales que permitan asegurar el interés público en la actividad minera y procurar un beneficio justo a sus comunidades, afirmó el coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera. “Los legisladores estaremos trabajando para fomentar nuestro marco legal”, dijo al abordar, en declaraciones a la radio, el primer informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga la contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi, por parte de la minera Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., de Grupo México. “Se debe tratar de apoyar a las familias sonorenses afectadas y resarcir los daños ocasionados por este derrame tan lamentable y también evitar que se repitan episodios como el actual”, añadió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El pasado 6 de agosto se registró el derrame tóxico de sulfato de cobre sobre el Río Sonora, en lo que es considerado el mayor desastre ecológico en la historia de la minería en el país, con una afectación directa a siete poblaciones de ese estado, en actividades agrícolas y ganaderas, así como en el consumo de agua. Ante esta situación, el pasado 26 de agosto se instaló en San Lázaro la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi. Beltrones Rivera recordó que en la sesión de ayer miércoles se presentó ante el Pleno el primer informe de esta Comisión Especial y destacó dos puntos medulares que se evidenciaron, a los que calificó como “asuntos de primer orden para la Cámara de Diputados”. Primero. El Grupo México, dueño de la mina Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora, violó la norma oficial, las leyes vigentes y los estándares internacionales que rigen la industria minera. Sin embargo, el Estado mexicano no cuenta con un marco jurídico actualizado que le permita imponer sanciones efectivas a los causantes de daños ambientales y reparar las afecciones sociales y económicas. Segundo. A pesar de que el Grupo México percibe 4.4 millones de dólares diarios de ganancia por la extracción de recursos minerales en la mina, no aporta un solo beneficio concreto al municipio de Cananea, ni al estado de Sonora. Beltrones Rivera sostuvo que éstos son los hallazgos más importantes del informe de la Comisión Especial, que propone también reformar la legislación vigente para que se actualice el marco jurídico con base en dos principios: Uno. Que el Estado cuente con normas y capacidades regulatorias adecuadas para garantizar que el que contamine pague. Dos. Que se compartan con la población los beneficios obtenidos por el aprovechamiento de los recursos de la Nación. Es importante que en este tipo de explotación del subsuelo, todos, sobre todo los habitantes de la región, salgan ganando. En su informe, la Comisión Especial propuso crear un Fondo de Desarrollo Regional, solventado por la empresa Grupo México, con un piso inicial de cinco mil millones de pesos, adicional al fideicomiso que anunció recientemente el gobierno federal, por dos mil millones de pesos. JGM |