Palacio Legislativo, 30-09-2014 (Notilegis).- La limpieza de la contaminación que provocó en el río Sonora, el pasado 6 de agosto, la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, lleva un avance del 70 por ciento, afirmó el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez,

“De acuerdo a la inspección de la Profepa, se han retirado más de cinco mil 52 metros cúbicos de residuos”, dijo el funcionario al comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del Ejecutivo federal.

El pasado 6 de agosto se registró el derrame tóxico de sulfato de cobre sobre el rio Sonora, por parte de la minera Buenavista del Cobre, lo que afectó a siete poblaciones de ese estado, en actividades agrícolas y ganaderas, así como en el consumo de agua.

Haro Bélchez externó que, tras ese incidente, la dependencia a su cargo “se ha propuesto revisar las un mil 252 minas existentes, sobre todo en 14 estados de la República”.

Asimismo reconoció que a raíz de los derrames en los ríos Sonora y Bacanuchi, “se han emprendido medidas concretas en materia de inspección y supervisión” en esos espacios.

Agregó que en Buenavista del Cobre se encuentran clausuradas temporalmente todas las instalaciones nuevas, que abarcan 800 hectáreas “y podrían clausurarse definitivamente en caso de que no se atiendan las medidas correctivas”.

Aclaró que “por cada una de las irregularidades que no sean solventadas por la empresa, se aplicará una multa de tres millones de pesos”.

Guillermo Haro señaló que una de esas medidas “que dictamos tiene que ver con las limpieza del río Sonora, en una extensión de 250 kilómetros, que incluye el río Bacanuchi”.

También, aseveró, “hemos supervisado que la empresa proporcione el equipo y las medidas de seguridad para el manejo de residuos de manejo especial”.

Más adelante Haro Bélchez refirió a los diputados la necesidad de hacer cambios en la Ley Minera, “a fin de adecuarla a las necesidades presentes en materia de concesiones y ofrecer más beneficios para trabajadores y pobladores.”

Asimismo, puntualizó, “para realizar un ajuste en materia de causales de revocación de la concesión, aunque –aclaró-- de acuerdo a la propia Ley Minera, es la Secretaría de Economía la que tiene la facultad clara para la cancelación definitiva de una mina”.

Pero, explicó, “también sería muy útil propiciar una reforma a la Ley Minera, a fin de establecer condicionantes específicas para el otorgamiento de las concesiones. Por ejemplo que las empresas sean socialmente responsables o estén aprobadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).”

Además, añadió Haro Bélchez, “que los trabajadores cuenten con un salario justo, sin prácticas discriminatorias o que las minas constituyan y generen beneficios para los pobladores de la zona donde se asienta una mina”.

Antes de concluir el funcionario federal manifestó que se requiere que las minas “también fortalezcan la seguridad industrial y protejan la vida y la salud de las personas. En suma, hay que poner más candados al otorgamiento de concesiones para la extracción de minerales en nuestro país”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, consideró necesario modificar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para establecer penas más fuertes a quienes violen las disposiciones en la materia.

Detalló que a la ley le “faltan dientes”, ya que la mayor multa que considera es de 40 millones de pesos, monto pequeño para casos como el del derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi.

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