Palacio Legislativo, 30-09-2014 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó incluir en la legislación vigente la obligación para los distintos órdenes de gobierno de garantizar la protección para personas adultas mayores contra afectaciones a sus derechos y su salud física o mental.

El dictamen surge de una iniciativa que la diputada Elvia María Pérez Escalante (PRI) presentó en febrero pasado y fue suscrita por 142 diputados del PRI, PAN, PVEM y NA, el Pleno la avaló por unanimidad, con 375 votos a favor, y se turna al Senado para su discusión y eventual ratificación.

Con las reformas aprobadas, se modifica la denominación del Título Sexto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y adiciona un Capítulo III, denominado “De la Protección contra el Maltrato”, el cual comprende un nuevo artículo 51.

De establece que “las personas adultas mayores serán protegidas contra actos u omisiones que puedan afectar sus derechos y su salud física o mental.”

Indica que “la federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionarán el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores, los actos abusivos de poder u omisión intencional, dirigidos a dominar, someter o agredir de manera física, verbal, psicológica o económica dentro o fuera del domicilio familiar, por personas que tengan o hayan tenido o no relación de parentesco”.

El documento señala que, no obstante los esfuerzos por reconocer en los ámbitos internacional y nacional los derechos de las personas adultas mayores y su calidad de grupo vulnerable, éstos siguen siendo objeto de maltrato y violencia.

Dicha violencia se manifiesta en el seno de la familia, pero también en conductas antisociales que existen en el entorno que los rodea, destaca.

“Es necesario garantizar a este sector de la población tan importante y tan vulnerable, una vida libre de maltrato y violencia, mediante la institucionalización de las disposiciones legales de protección necesarias para hacer realidad el goce y disfrute de sus derechos fundamentales, con la intervención de los tres niveles de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia”, afirma.

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