Palacio Legislativo, 21-10-2014 (Notilegis).- La Comisión de Derechos de la Niñez registra un avance de entre 70 y 80 por ciento en el análisis de las reservas presentadas por los diversos grupos parlamentarios respecto a la discusión, en lo particular, de la iniciativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por ello, acordó construir un añadido para concentrar las reservas que sean consensuadas, a fin de aprobar en lo particular el dictamen de la iniciativa preferente enviada al Congreso por el Ejecutivo federal.

Al reanudarse la sesión permanente de la instancia legislativa, presidida por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD), el grupo parlamentario del PRI propuso que el agregado contenga el texto completo de sus reservas, así como las del PAN, PRD y una de Nueva Alianza, y entregó el análisis de éstas y su viabilidad.

A nombre del PRI, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza destacó que no hay que olvidar que al ser una ley general es una ‘ley paraguas’ que va a servir de insumo a los estados de la República, a los cuales se les obliga en un artículo transitorio a que en seis meses ajusten su legislación local; entonces, agregó, “tenemos que ser lo más claros posibles”.

Comentó que en principio consideraron no hacer ninguna modificación, pero “nos topamos con el artículo 148, que señala de manera expresa que la intimidad del menor puede violentarse por autorización. Eso es un absurdo, es una locura, no se requería más que un solo artículo para regresar la minuta, y era imposible que la Cámara de Diputados aprobara ese 148”.

Se analizaron otros textos que venían en la propia minuta, y se requirió presentar una reserva; la intención primaria era aprobar la minuta en sus términos, pero “sólo el 148 es una gran violación. Es autorizar que se violente la intimidad de un niño, por acuerdo o autorización de cualesquier persona, eso es un total absurdo”, refrendó.

La diputada Juárez Piña indicó que la comisión tiene claridad de que es una iniciativa preferente y requiere un tratamiento puntual por los tiempos legislativos.

Aseguró que “nunca hemos estado cerrados a otras alternativas de redacción ni negados a perfeccionar la ley; al contrario, primero se consideró aprobar esta ley y luego hacer un análisis particular, porque es importante que no existan dudas de nadie. Más allá de no violentar la libertad de expresión, la prioridad es garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.

Solicitó “leer la ley sin dogmas, esa es nuestra responsabilidad y estamos en un Estado laico, y con independencia y mucho respeto de lo que cada quien profesa, hay que hacerlo así”, subrayó.

Por el PAN, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena comentó que el artículo 50, de los derechos sexuales y reproductivos, puede ser ambiguo y quedar a la interpretación de cada persona. “El concepto es propio de una serie de instrumentos internacionales que no forman parte de la Constitución mexicana ni de su control de convencionalidad, ni constituyen tratados debidamente suscritos y ratificados por el país”, subrayó.

A nombre de Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez reconoció el avance de la comisión, y solicitó apoyo a sus 13 reservas presentadas, ya que la única consensuada fue la relativa al derecho de acceso a las tecnologías de la información, comunicación y a los medios de radiodifusión, a fin de garantizar el acceso de los menores al Internet.

Por su parte, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano), aseveró que con “esta ley se da un paso adelante para proteger a las niñas, niños y adolescentes, aunque es pequeño”. Cuestionó las acciones gubernamentales en favor de este sector y sugirió “dar pasos audaces” para garantizar sus derechos y no mercantilizarlos.

Durante la reunión, integrantes de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos entregaron a la presidenta de la instancia legislativa un documento con más de 30 mil firmas en contra del artículo sobre los derechos sexuales y reproductivos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, signadas por ciudadanos, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil. Demandaron retirar conceptos no reconocidos en el derecho internacional ni en la Constitución.

RED/JGM