Palacio Legislativo, 23-10-2014 (Notilegis).- El diputado Fernando Zárate Salgado (PRD), entregó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la presidencia de la Comisión Especial que indaga los permisos a casinos en el país y cuestionó la actitud de los panistas que integran esa instancia legislativa.

Ante la prensa, el legislador manifestó que entregó la presidencia debido a que el PAN no ha manifestado compromiso al interior de la comisión para la conformación de una nueva ley que regulara los juegos y sorteos en México y ha “entorpecido” su aprobación.

Señaló que por parte del Ejecutivo federal tampoco ha habido disposición para concluir con las negociaciones y llevar a cabo la ley, aunque admitió que la directora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Marcela González Salas, ha colaborado para que la nueva legislación avance.

“Es un problema un poco más arriba (en el gobierno)”, indicó.

Zárate Salgado comentó que un diputado panista asumiría la presidencia de la comisión y deberá establecer una posición respecto a si apoyará o no dicha ley.

“Lo hacemos para que el PAN se posicione, para que quede claro si va a ir o no. Si el PAN asume la presidencia y decide ir, nosotros entenderíamos que está cambiando de opinión”, dijo.

El legislador indicó que, junto con su renuncia, entrega a la Jucopo las conclusiones de la iniciativa, consensada por el PRI, PRD, MC, PT y NA, junto con tres temas pendientes que no han podido resolverse en la comisión.

“La Junta de Coordinación Política y el Ejecutivo deberán decidir si asumen la responsabilidad y echan para adelante, ya en un nivel superior, esta ley de Juegos y Sorteos, o si deciden entregarse a la voluntad y a los intereses económicos y de financiamiento de candidaturas del PAN”, agregó.

En septiembre pasado legislador comentó que la comisión presentaría una iniciativa al respecto ante la Comisión de Gobernación, a más tardar el próximo 9 de octubre, para que se discutiera y pudiera presentarse ante el Pleno la primera semana de noviembre.

Dicha ley tendría por objeto resolver el problema de corrupción y de discrecionalidad en la entrega de los permisos para establecimientos de juegos.

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