Palacio Legislativo, 04-11-2014 (Notilegis).- En la investigación y actuación de autoridades locales y federales en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, se cometieron irregularidades graves y “errores garrafales”, afirmó el presidente de la comisión especial que le da seguimiento, José Guillermo Anaya Llamas (PAN).

“Si bien la labor de allegarnos de información sobre el seguimiento de la investigación de los hechos aún no ha sido concluida, contamos con elementos preliminares que hacen presuponer que en el fuero común y en el fuero federal se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas sufridas por los estudiantes de la escuela normal rural”, indicó.

En su informe, Anaya Llamas agregó que las autoridades cometieron “garrafales errores”, como el de no actuar puntualmente, como lo establecen los protocolos internacionales y organismos de derechos humanos, ante la desaparición de los estudiantes, ya que, en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas.

La comisión especial hizo un análisis de la información remitida por las primeras autoridades que tuvieron contacto con las víctimas de la agresión que también dejó cuatro personas muertas y varias heridas, entre el 26 y 27 de septiembre pasado.

En esa acción estarían involucrados de manera directa funcionarios y policías municipales, así como integrantes del crimen organizado.

En su participación ante el Pleno, Anaya Llamas se pronunció porque la investigación del caso se desahogue a la brevedad, pero se haga a profundidad, sin que sea una resolución “rápida y a contentillo”.

Indicó que las acciones que se han ejercido contra las personas señaladas como ejecutores de los hechos deben completarse con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos.

Asimismo, consideró que deben establecerse sanciones por omisión a los responsables jerárquicos del caso “y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger, cuando tuvieron noticia de los hechos que sucedían en Iguala”.

Añadió que también se deberán imponer penas a quienes pudieron prever los hechos, “conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde (de Iguala) y de sus familiares”.

Manifestó que la comisión especial buscará reunirse con las víctimas y sobrevivientes del ataque, así como con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y representantes de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), de Gobernación (Segob) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otras instancias.

Planea también entrevistarse con el Equipo Argentino de Antropología Forense que ha coadyuvado en las investigaciones del caso y realizar una inspección ocular en Iguala con apoyo técnico de servicios periciales.

Finalmente, el legislador manifestó su esperanza en que la detención del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, señalados como autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas, contribuya a encontrar a los estudiantes y a localizar a los cómplices del caso.

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