Palacio Legislativo, 05-11-2014 (Notilegis).- La diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), quién encabeza el grupo de trabajo para el caso Tlatlaya, señaló la necesidad de establecer mecanismos para que las fuerzas armadas rindan cuentas sobre sus labores de combate a la delincuencia organizada.

Dichas medidas ayudarían a prevenir la violación de derechos humanos por parte de militares, dijo a la prensa tras una reunión privada del grupo de trabajo con el representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia.

En el encuentro abordaron el caso del municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde en junio pasado se registró un enfrentamiento armado entre elementos del Ejército y presuntos integrantes del crimen organizado, con un saldo de 22 civiles muertos, varios de los cuales habrían sido ejecutados por los militares.

El pasado domingo, 2 de noviembre, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) precisó que a siete militares involucrados con este caso se le imputan los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, y a tres de ellos, homicidio calificado.

En declaraciones a la prensa, el funcionario de la ONU aseveró que, además de identificar a los autores materiales de esas muertes, se debe ubicar a los responsables de los delitos de alteración de la escena del crimen y de encubrimiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró el mes pasado que 15 de los 22 presuntos delincuentes fueron ejecutados de manera extrajudicial por elementos militares y denunció evidencias de tortura, alteraciones de la escena del crimen y de información distorsionada por parte de funcionarios que pueden implicar un intento de encubrimiento de los hechos.

La diputada Tapia Fonllem subrayó que se requieren mecanismos para que la ciudadanía y las instancias del Estado puedan conocer cómo actúan las fuerzas armadas y de esa manera se puedan prevenir futuras violaciones a los derechos humanos.

Comentó que el caso Tlatlaya amerita toda la atención de los diputados y se pronunció por construir una agenda legislativa para abordar temas que permitan prevenir este tipo de sucesos.

Agregó que el grupo de trabajo que encabeza buscará reunirse con el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y representantes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), para analizar el caso de manera conjunta.

El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó la necesidad de que se implementen sanciones a los responsables del caso Tlatlaya y se corrijan las herramientas que el Estado mexicano ha establecido para garantizar el respeto de los derechos humanos.

Opinó que dichas herramientas no han surtido efecto, puesto que casos de violaciones graves a los derechos, como el de Tlatlaya, siguen sucediendo.

Consideró que este caso refleja las fallas de las instituciones del Estado que intervinieron en él y se pronunció porque se trabaje para restablecer las condiciones para que el ejército retorne a sus labores legítimas de defensa de la soberanía y del territorio nacional.

Asimismo, indicó que debe hacerse un esfuerzo general para que todos los casos de violaciones de derechos humanos, no sólo el de Tlatlaya, se visibilicen y se atienda a las víctimas.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf, integrante del grupo de trabajo y secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, externó que el caso de Tlatlaya se habría podido prevenir si el Estado mexicano hubiera atendido recomendaciones que diferentes instancias le han hecho en materia de respeto a los derechos humanos.

“Si algo estuviera funcionando ya se hubieran respetado y cumplido esas recomendaciones y se hubieran hecho los ajustes necesarios en el Estado de derecho”, explicó.

Finalmente, hizo un exhorto a los tres niveles de gobierno a tomar cartas en el asunto para modificar el estado del momento actual y “que no se vuelvan a cometer estos crímenes”; “Ésa es la gran encomienda que tenemos por delante”, concluyó.

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