Palacio Legislativo, 06 -11-2014 (Notilegis).- Diputados del PRD demandaron la liberación del presidente de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, Raúl Pérez Velázquez, quien se encuentra preso desde el pasado 31 de octubre, acusado de oponerse a entregar las oficinas del registro civil de la entidad.

Los legisladores Roxana Luna Porquillo y Carlos de Jesús Alejandro pidieron que el edil, que fue electo a través del método de usos y costumbres, y que cuenta con un amparo, sea liberado de manera inmediata, ya que se han aportado las pruebas que evidencian que los delitos por los que se le acusan son fabricados.

“Vamos a impulsar desde la Comisión de Asuntos Indígenas un punto de acuerdo para demandar que se respeten los resultados y las formas propias de elección de autoridades comunitarias”, indicó el diputado Carlos de Jesús Alejandro.

Los diputados participaron en una conferencia de prensa en San Lázaro, acompañados de los hijos de Pérez Velázquez, Rocío y Javier Pérez Pérez.

Acusaron que el encarcelamiento del presidente auxiliar es resultado de una venganza del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, debido a no quiso renunciar a sus aspiraciones al cargo.

Explicaron que en Puebla se encuentran más de 500 juntas auxiliares y varias comunidades iniciaron una resistencia pacífica ante la posibilidad de que las autoridades estatales las desaparezcan, “es un atentado en contra de la identidad de los pueblos originarios”.

Luna Porquillo señaló que como el caso de Pérez Velázquez, se han registrado 41 personas más quienes han ingresado a diferentes Centros de Readaptación Social (Ceresos) del estado imputados por delitos graves.

Es un “sello característico de gobiernos de extracción panista en donde cada vez más se criminaliza la lucha social, la de las comunidades por mantener y preservar formas de organizarse y de nombrar a sus propias autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres”, afirmó el legislador.

Puntualizó que los presidentes auxiliares compitieron con candidatos oficiales apoyados por el gobierno del estado y ganaron de manera legal.

De Jesús Alejandro dijo que demandarán una reunión con la Secretaría de Gobernación, a fin de que se instale una mesa de negociación para que se atienda el caso, ya que hay una persecución, un hostigamiento, fabricación de delitos y una encarcelación injusta para los líderes y autoridades comunitarias”.

Consideró que con estas acciones se está atentando en contra de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, “no obstante que están plenamente amparados estas formas de elegir a sus autoridades en la Constitución y en convenios internacionales”.

YRE/JGM