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Palacio Legislativo, 07-11-2014 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó que el informe que presentó este viernes la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los 43 estudiantes desaparecidos, plantea una urgente reforma del Estado en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Esa información, dada a conocer por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, describe un horror que nunca debió acontecer y que jamás se debe repetir, indicó el líder parlamentario en un comunicado de prensa.

“Esto no puede seguir aconteciendo en nuestro país, nunca debió pasar, sucedió porque se permitió la operación del crimen organizado y de los grupos del narcotráfico en la región”, aseveró.

Subrayó que ese caso “se convirtió en un fenómeno de narcopolítica, al ser infiltradas las policías locales y las propias autoridades municipales, no solo de (los municipios de) Iguala y Cocula, sino también de otros 17 municipios ubicados en Tierra Caliente”, del estado de Guerrero, añadió.

El diputado recordó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero remitió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) el 3 de julio de 2013, la Averiguación Previa HID/SC/01/0758/2013.

Esta averiguación “está relacionada con los homicidios de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Banderas Román; y la confesión de Ernesto Pineda Vega, quien involucra en estos hechos al Director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y al propio presidente municipal, José Luis Abarca; vinculándolos a Mario y Rafael Casarrubias, este último apodado El Mochomo, mismo que fue detenido por la PGR posterior a los hechos violentos en Iguala”.

Sostuvo que “si se hubiera hecho la consignación respectiva por parte de la SEIDO y de las autoridades federales a quien corresponde atender los asuntos relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que pasó en Iguala, la desaparición forzada y el supuesto asesinato de los 43 estudiantes, se pudieron haber evitado”.

“Cuando uno exige que se investigue a la 27 Zona Militar, al destacamento de la Policía Federal, a la Subprocuraduría de la PGR, a la Policía Estatal, entre otras corporaciones, es para que las autoridades determinen si acaso los elementos de estas corporaciones no se daban cuenta de todo lo que venía aconteciendo en la región, de lo que sucedía con las policías de Iguala y Cocula y la infiltración del crimen organizado en las propias presidencias municipales”, precisó.

“Por eso es obligatorio que la investigación no deje ninguna duda, se debe sentar un precedente de justicia a secas, para que no haya impunidad, caiga quien caiga, tope donde tope”, insistió.

Alonso Raya sostuvo que después de esto tiene que haber un gran acuerdo que permita construir las bases de una gran reforma del Estado, particularmente en materia de seguridad pública, impartición y procuración de justicia.

En este acuerdo “deben participan las fuerzas económicas, políticas y sociales, gente prestigiada, entre otros, que vayan a fondo en estos cambios y que podamos tener un antes y un después de los acontecimientos de Iguala”, delineó.

MAV/JGM