Palacio Legislativo, 15-12-2014 (Notilegis).- La licitación para realizar el proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro, que se canceló, fue un proceso transparente desde su origen y hasta su conclusión, con la participación de un testigo social y un organismo externo de asesoría técnica, económica y legal, afirmaron funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)

Asimismo, todos los elementos de la licitación fueron dados a conocer en el sistema público Compranet y en la de la SCT, indicaron los funcionarios federales al comparecer ante diputados durante la primera reunión de la Comisión para revisar el proceso de licitación de la Construcción del Tren México–Querétaro.

La subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott Pérez, manifestó que la decisión de cancelar la licitación se hizo buscando el menor daño posible a los intereses del Estado mexicano, al ser probable una obstrucción al desarrollo del proyecto.

El pasado 6 de noviembre, el titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, anunció que la Presidencia de la República había decidido anular el fallo con el que tres días antes la SCT había favorecido al consorcio integrado por China Railway, Grupo Higa, GIA+A y Prodemex, entre otra empresas.

Al respecto, Mascott Pérez señaló que, tras valorar los riesgos, la SCT decidió no firmar el contrato correspondiente y reponer la licitación, debido a insinuaciones de senadores sobre un supuesto sobrecosto del proyecto y que habían pedido a los diputados no asignarle recursos.

Agregó que una vez que se tomó la decisión de reponer la licitación para el tren México-Querétaro, se definió que el mecanismo que ofrecía mayor certidumbre jurídica era notificar al consorcio ganador que la SCT no firmaría el contrato correspondiente.

La funcionaria indicó que, hasta el momento, no se ha realizado pago alguno al consorcio con motivo de gastos no recuperables ocasionados por la no firma del contrato, y añadió que, de recibir una solicitud al respecto, se analizará con detalle su procedencia o no y se harán los pagos correspondientes, si resultaran fundados.

Cuestionada por diputados del PAN, PRD, MC y PT sobre la presunta vinculación entre el Grupo Higa con el Ejecutivo federal y miembros del gabinete, Mascott Pérez señaló que no corresponde a la SCT prejuzgar la relación entre empresas y funcionarios públicos.

Por su parte, el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, Pablo Suárez Coello, aseguró que la SCT no tiene la responsabilidad de investigar a los miembros de los consorcios, sino asegurarse de que no estén inhabilitados para firmar contratos con el Estado.

Subrayó que el proceso de licitación, así como la decisión de no firmar el contrato con el consorcio ganador, ha sido apegado a la legalidad, de acuerdo con el Manual de Procedimiento con el cual se realizan las licitaciones, el cual se apoya en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.

Explicó que los gastos pre operativos de los que el consorcio pudiera reclamar el pago serían, en todo caso, menores, pues solamente incluyen viáticos y gastos de los representantes del consorcio que participaron en las juntas de aclaraciones, visitas a sitios, y las presentaciones de ofertas y del fallo de la licitación.

Suárez Coello dijo que también se incluiría el pago de primas para tener acceso a fianzas, así como uso de oficinas, fotocopiado y honorarios de las personas que hayan participado de manera directa en la integración del proyecto, aunque reiteró que sería una suma no significativa.

Aseguró que en julio próximo se firmará el contrato con la empresa que gane la nueva licitación para la construcción del tren de alta velocidad, aunque indicó que esta segunda licitación afectará las estimaciones, pues se dejará de utilizar la partida presupuestal ya considerada para el proyecto.

“Vamos a reponer el proyecto y a dar un plazo desde el día en que suban las pre-bases con lo cual se da formal inicio al proceso de la licitación, hasta el día del fallo habremos de dar 180 días”, destacó.

Finalmente, señaló que, en cumplimiento de lo solicitado por la comisión especial, se hizo entrega, en medio impreso y en USB, de los documentos relacionados con el procedimiento de licitación, emisión de fallo y cancelación para la construcción del tren México-Querétaro.

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