Palacio Legislativo, 22-12-2014 (Notilegis).- La Comisión Permanente aprobó un exhorto a los gobiernos federal y de la ciudad de México para que atiendan las solicitudes de información formuladas por habitantes de las colonias y pueblos afectados por la construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México.

El punto de acuerdo avalado pide también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al gobierno del Distrito Federal reanudar el diálogo y las mesas de trabajo con los ciudadanos y atender las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre este tema.

En las consideraciones, el diputado proponente, Fernando Rodríguez Doval (PAN), señala que el 1 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto anunció, como uno de sus cinco compromisos en materia de trenes de pasajeros, la construcción del tren interurbano México-Toluca.

Dicho tren, se prevé, recorrerá 58 kilómetros, en un tiempo estimado de 39 minutos; conectará el poniente del Distrito Federal con la capital del Estado de México, y su construcción tendrá un costo aproximado de 43 mil millones de pesos.

El documento subraya que el tren interurbano México-Toluca requerirá una importante inversión de recursos públicos y afectará zonas densamente pobladas, por lo que resulta fundamental la participación de un testigo social, tal y como ha ocurrido, y la participación de la ciudadanía en general.

Desafortunadamente, precisa, los vecinos de las 33 colonias afectadas no han percibido que el gobierno sea consecuente con sus dichos. Por el contrario, lo que han encontrado son barreras para acceder a información sobre aspectos que les afectan directamente.

“Tanto el gobierno federal como el del Distrito Federal han omitido detalles relativos al trazo detallado de la línea. Si bien han indicado dónde se ubicarán las terminales del tren, así como las cuatro estaciones intermedias, el resto del recorrido es incierto para la ciudadanía”, indica.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tras recibir queja de parte de los habitantes del lugar, recomendó aplazar la ejecución de la obra hasta que se cuente con el consenso de las personas que habitan las colonias y los pueblos afectados, con base en criterios de afectación económica y social.

Asimismo, reanudar las mesas de trabajo, donde se escuchen y atiendan las propuestas de los representantes y se brinde información veraz con respecto a los criterios utilizados para el diseño de la obra.

AMR/JGM