Palacio Legislativo, 07-04-2015 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas (PAN), afirmó que urge aprobar un sistema de justicia penal para adolescentes infractores, especializado y apegado a los convenios internacionales que México ha suscrito.

Durante una reunión con integrantes de asociaciones civiles, el legislador panista se pronunció porque este sistema se apruebe antes de concluya el periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril.

Aseguró que México está obligado a configurar un sistema fundado en el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, consideró que la justicia para adolescentes implica que la sociedad civil se involucre y que las instituciones otorguen una apertura para el diseño de programas que permitan crear un instrumento legal efectivo en la impartición de justicia para adolescentes.

Las asociaciones coincidieron en que es urgente la necesidad de generar una política integral que permita la adecuada implementación de la ley, en una concientización entre los actores políticos y la sociedad, sobre los problemas que actualmente enfrenta las y los adolescentes, así como las instituciones.

Recordó la reforma al artículo 18 constitucional, de 2005, y los ejes que establece para la transformación de un sistema tutelar a un sistema integral de justicia para los adolescentes.

Entre estos aspectos mencionó: edad penal obligatoria entre 12 y 18 años; especialización de autoridades; prelación de las formas alternativas de justicia en el caso de adolescentes; garantía de debido proceso y excepcionalidad del internamiento.

En el encuentro con las asociaciones civiles se informó que sólo 14 entidades tienen una Ley de Justicia Penal para Adolescentes armonizada con el Sistema de Justicia Acusatorio y 18 entidades aún no han hecho la transición al nuevo sistema.

Se subrayó que no existe una homologación de leyes estatales que dé certeza jurídica del tipo de proceso a que son sometidos los adolescentes.

Anaya Llamas puntualizó que se debe crear un sistema que responda a la aplicación de la ley por la comisión de delitos y a la vez respetar los derechos humanos.

JGM