Palacio Legislativo, 13-08-2015 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña (PRD), expresó su beneplácito porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia del estado de Campeche.

Ese artículo prohibía la adopción de niñas, niños y adolescentes por personas unidas bajo el régimen de sociedad de convivencia.

La resolución de la SCJN combate la discriminación y reivindica derechos de los menores, de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, así como la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, indicó la legisladora en un comunicado.

Señaló que en México existen alrededor de un millón 800 mil niñas, niños y adolescentes que son huérfanos y más de 19 mil 174 están internados en casas hogar, situación que dista mucho a las condiciones adecuadas para su desarrollo y crecimiento, semejantes a las de una familia.

Sostuvo que es consciente de que el tema es controvertido y que sobre él existe una diversidad de posiciones a favor y en contra, pero –agregó- la ley y la aplicación de los derechos debe leerse y emplearse sin dogma, en virtud que todos los derechos son para todas y todos, sin restricción alguna.

Por ello, la SCJN había definido con anterioridad que el matrimonio no sólo se da entre hombre y mujer con el fin de procrear, sino con otros fines, por lo que se reconoce que hay varios tipos de familias.

La figura jurídica de la adopción, contenida en la mayoría de los códigos civiles de los estados, no niega el derecho a adoptar a las personas atendiendo a su preferencia u orientación sexual, ni a su identidad o expresión de género, pues la adopción puede realizarse por una pareja (matrimonio o concubinato) o bien por personas sin pareja, aseveró.

Para finalizar, mencionó que en el 2011 se dio un gran paso al elevar a los tratados internacionales en materia de derechos humanos al mismo rango que la Constitución Política, favoreciendo a todas las personas con la protección más amplia de sus derechos.

JGM