Palacio Legislativo, 10-12-2015 (Notilegis).- El PRD siempre ha estado totalmente de acuerdo en que debe de existir una legislación adecuada, en materia penal, que tipifique de manera precisa el delito de robo, sustracción y comercialización de los hidrocarburos, afirmó el diputado perredista Arturo Santana Alfaro.

Se tiene que sancionar a quien cometa esos delitos y transgreda la ley, indicó el también secretario de la Comisión de Justicia en declaraciones a la prensa, luego que el Pleno aprobó con cambios la minuta del Senado que tipifica como grave el robo de combustible y la regresó a la cámara alta.

Dijo que, por eso, desde el seno de la Comisión de Justicia, los diputados del PRD plantearon una serie de consideraciones a ese documento y todos fueron tomados en cuenta en el dictamen final.

Como ejemplo, mencionó que “un delito que afecta y escama a las izquierdas en nuestro país” es el de terrorismo.

“Nunca la protesta social y la libre manifestación de las ideas podrá ser considerada como delito de terrorismo, y por eso saludo, y agradecemos en particular la sensibilidad para eliminar del dictamen esta agravante que se había propuesto”, añadió.

Precisó que la ley es perfectible y van a quedar algunos vacíos que en el transcurso y en la aplicación de la misma podrán ser corregidos, pero “nunca hay que dejar de lado principios como el de que la pena tiene que ser proporcional al caso concreto”.

“Siempre tenemos que estar a favor de un derecho penal democrático y no un derecho penal represor”, agregó.

También dijo que en el artículo 15 se pretendían equiparar dos conductas diferentes.

Es decir, que un campesino que tuviese conocimiento de que en su terreno se están cometiendo algunos ilícitos en la materia de hidrocarburos, pueda estar sin derecho a gozar de su libertad bajo caución, igual que aquel campesino que incluso no solamente tenía conocimiento, sino colaboraba y recibía ganancias.

Para esos casos se pretendía imponer una pena de siete a 14 años de prisión, con lo cual dejaban sin posibilidad de que el campesino que tuviera conocimiento y no lo denunciara, quizá por amenazas, no pudiera gozar de su libertad bajo caución.

La propuesta que hizo el PRD baja la penalidad de seis a 14 años y con ello se le da la posibilidad de llevar su proceso con libertad bajo fianza.

El diputado perredista dijo que felicitaba y saludaba “la decisión de asignar (en el dictamen aprobado) la penalidad como lo marca la Constitución, de manera asequible y proporcional”.

“Hoy damos un gran paso a la conformación de este sistema de leyes y tipos penales especiales, que permitirá darle la herramienta y la pauta al Ministerio Público de la Federación al momento de consignar, pero también a los jueces penales que en su momento tienen la responsabilidad de dictar sentencias”, sostuvo.

JGM