Palacio Legislativo, 22-12-2015 (Notilegis).- El secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, Felipe Reyes Álvarez (PRD), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración, con la finalidad de crear la Procuraduría Federal de la Defensa del Migrante, con motivo del Día Internacional del Migrante, que se conmemoró el pasado 18 de diciembre.

En conferencia de prensa, junto con el presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, Reyes Álvarez informó que su iniciativa se turnó a la Comisión preside para su eventual aprobación.

Expresó que actualmente cerca de doce millones de mexicanos radican en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que significa que la migración es el fenómeno social más importante que actualmente se presenta en México, la cual se da por falta de oportunidades de desarrollo económico en el país.

El legislador perredista explicó que la iniciativa pretende adicionar reformas a la Ley de Migración, con el objetivo fundamental de proteger los derechos de los migrantes que viven dentro y fuera de este país, erradicando así los problemas y conflictos por los que atraviesan.

Añadió que son cerca de 400 mil centroamericanos migrantes los que pasan por territorio mexicano, quienes son objeto de una serie de violaciones a sus derechos humanos.

Aseguró que la creación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Migrante, es de suma importancia porque sería la instancia encargada de salvaguarde y proteger a los migrantes.

También se encargaría de las denuncias que en múltiples ocasiones no se atienden como tal, debido a que no hay alguna institución que particularmente se haga cargo de ello.

Abundó que las instancias que se encargan de la protección de los derechos humanos de los migrantes se centralizarían fundamentalmente en el Instituto Nacional de Migración (INM), como única autoridad responsable, ya que en la actualidad hay intervención de la policía municipal, estatal o federal.

Otro aspecto de relevancia de la iniciativa –detalló– es que se tipifiquen algunos delitos establecidos en el Código Penal Federal, a fin de que se den penas más altas y más cuando éstos son realizados por algún funcionario del gobierno o del INM.

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