Palacio Legislativo, 14-01-2015 (Notilegis).- La Comisión Permanente aprobó un exhorto para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Congreso de Coahuila soliciten a sus Consejos de la Judicatura y Tribunales Superiores de Justicia información sobre las inversiones efectuadas por la sociedad financiera Ficrea y la remitan al Congreso de la Unión.

El punto de acuerdo fue presentado por Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y suscrito por José Alberto Rodríguez Calderón (PRI), ambos diputados del PRI, y el Pleno lo aprobó como urgente y obvia resolución.

En el documento se señala que, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existe un total de seis mil 366 clientes de Ficrea, de los cuales, hasta el 3 de enero del presente año, han realizado dos mil 317 solicitudes de seguro de depósito.

Dentro de los ahorradores defraudados se encuentran los Tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal (DF).

Precisa que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, refirió que se invirtió en Ficrea 120 millones de pesos, recursos que deben esclarecerse en cuanto a su procedencia.

De igual manera, el Poder Judicial del estado de Coahuila invirtió en Ficrea recursos de su Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia, precisa el documento avalado.

Explica que Ficrea fue constituida en el año 2006 por Rafael Antonio Olvera Amezcua y dos años después se le autorizó para operar como una Sociedad Financiera Popular, a fin de que prestara servicios financieros de ahorro, inversión y crédito a pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con investigaciones de autoridades federales, esta sociedad trianguló fondos realizando conductas fraudulentas que dieron paso a la comisión de diversos ilícitos.

El 19 de diciembre del año pasado, precisa el documento, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización de Ficrea para operar como sociedad financiera popular, por realizar operaciones fraudulentas que derivaron en una afectación a miles de ahorradores.

Indica que la Administración Federal, a través de la Procuraduría General de la República, obtuvo una orden de aprehensión en contra del accionista mayoritario de la empresa, Rafael Antonio Olvera Amezcua, a fin de procesarlo por su probable responsabilidad en hechos de defraudación que podrían superar los 2 mil 700 millones de pesos.

Punto de Acuerdo señala:

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que soliciten a los Consejos de la Judicatura y a los Tribunales Superiores de Justicia de dichas entidades federativas, información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea, SA de CV SFP, y la remitan a esta soberanía.

YRE/JGM