Palacio Legislativo, 20-01-2015 (Notilegis).- El coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, aseguró que prevalece opacidad en licitaciones públicas del gobierno federal, ya que se mantiene la opacidad y se “desprecia la transparencia”.

Sostuvo que esto se evidencia con la adjudicación al consorcio liderado por la holandesa Netherlands Airport Consultants, del proyecto ejecutivo para la construcción de las pistas, rodajes y plataformas, así como otras instalaciones del nuevo aeropuerto internacional del Distrito Federal, por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

“De acuerdo con información pública faltan al menos tres páginas en el fallo publicado en CompraNet, en relación al comparativo de las propuestas”, externó el líder parlamentario en un comunicado de prensa.

Agregó que “entre otros aspectos, en la documentación disponible se omiten los anexos para propuestas económicas y técnicas, juntas de aclaraciones y acta del testigo social”.

Alonso Raya citó “el artículo 39, fr. I, de la Ley de Obras Públicas, el cual establece que los fallos deben contener la relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon; información que en este caso también está ausente”.

Asimismo, el diputado perredista argumentó “que el hecho de que únicamente la OCDE cuente con la información detallada de todo el proceso de licitación, transgrede el derecho a la información de los ciudadanos, debilita las instituciones y en general el Estado de derecho”.

Este mes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron un acuerdo para el Fomento de la Integridad y la Transparencia en la construcción del nuevo aeropuerto.

Alonso Raya también recordó el proceso que ha seguido la reciente solicitud de un particular ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para que la SCT dé a conocer la información referente al proceso de licitación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Como otro ejemplo, refirió que la Secretaría de la Función Pública desestimó las 14 “recomendaciones que presentó el año pasado la testigo social Mónica Berrera al sistema de telepeaje en autopistas federales.

Resaltó este asunto porque, añadió: “en el caso de la reforma energética los testigos sociales son incluidos como parte del proceso de negociación en la declaración de ‘la servidumbre de paso’ por la vía administrativa, presuntamente para dar certidumbre y transparencia en la explotación de hidrocarburos y gas”.

“Uno de los riesgos en la implementación de la reforma energética es justamente que los testigos sociales sean ignorados en este proceso y que los propietarios de terrenos colindantes con áreas en donde se vayan a realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, sufran atropellos y abusos”, advirtió Alonso Raya.

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