Palacio Legislativo 03-02-2015 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, cuestionó el proceso legislativo y los objetivos que dieron origen a la Comisión Especial de Seguimiento al ejercicio de los Recursos Federales que se Destinen o se Hayan Destinado a la Línea 12 del Metro, tras la presentación de su informe preliminar.

“Es inaceptable avalar un informe que muestra una clara intencionalidad política”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

La Línea 12 del Metro fue inaugurada el 30 de octubre de 2012, con una extensión de 24.6 kilómetros de vías dobles y al inicio registraba una afluencia de 435 mil usuarios por día, pero el 11 de marzo de 2014 las autoridades del Distrito Federal suspendieron el servicio en 11 de sus 20 estaciones por fallas en la estructura.

La comisión especial de la Cámara de Diputados sobre este tema aprobó el pasado domingo un informe preliminar, en el que sostiene que el origen de las fallas se debe a deficiencias de diseño y falta de coordinación de los trabajos, el cual fue presentado este martes en la sesión del Pleno.

Alonso Raya dijo que “el objeto que el Pleno de la Cámara de Diputados le encomendó a esta la comisión especial, fue el de darle seguimiento a los recursos federales destinados a la Línea 12, por lo que no cuenta con atribuciones para procurar o administrar justicia, como se desprende de ese informe”.

“La autoridad competente, local o federal, para la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales correspondientes es el Ministerio Público Federal”, explicó el diputado perredista.

Alonso Raya aclaró que el informe presentado sobre la Línea 12, “con sus recomendaciones y conclusiones, pretende erigir a la comisión especial en una especie de sección instructora, con atribuciones jurisdiccionales que no tiene”.

Insistió en que la presidencia de la comisión especial “socava conceptos constitucionales que aluden a las facultades de los poderes de la unión, especialmente del Ejecutivo y el Judicial, tanto federal como local”.

Consideró que el informe “viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, en virtud de que están prejuzgando conductas delictivas que sólo competen a los tribunales en materia penal”.

MAV/JGM