Palacio Legislativo, 05-02-2015 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD), consideró insostenible el nivel de endeudamiento de los estados y municipios y dijo que en sólo año y medio se incrementó en 100 mil millones de pesos.

Indicó que, en julio de 2013, el registro de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios ascendía a 390 mil millones de pesos y actualmente es de 490 mil millones de pesos, aumento casi 100 mil millones de pesos en tan solo año y medio, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Moreno Rivera se refirió a estas cifras al fundamentar ante el Pleno el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

El documento surge de una iniciativa presentada en diciembre pasado por legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM, MC, PT y NC, luego que desde julio de 2013 se intercambiaran documentos entre ambas cámaras.

“En la actualidad, resulta insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más del 100 por ciento de las participaciones federales de algunas entidades federativas”, comentó el diputado perredista.

Aclaró que se habla solamente de la deuda que registra la SHCP y mencionó que hay otro tipo de pasivos en los estados y municipios que no se registran y son muy significativos.

Se refirió a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de los gobiernos, de las universidades; los pasivos a corto plazo que son adquiridos por proveedores de bienes y servicios o con bancos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo u otras deudas derivadas de proyectos multianuales.

“Sumando este tipo de deudas encontramos que hay siete entidades federativas que rebasan el 100 por ciento de las participaciones federales, siendo éstas: Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Nayarit”, añadió.

Ante esta situación tan alarmante, “resulta imperativo que nosotros, como Poder Legislativo, llevemos a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los diferentes órdenes de gobierno”, subrayó.

Sostuvo que resulta indispensable establecer límites en la Constitución para que se establezcan las bases para revisar, vigilar el correcto desempeño y la capacidad de pago del endeudamiento en los diferentes niveles de gobierno.

Por esta razón, se incluye en la Constitución un mecanismo para que las entidades federativas y los municipios, contraten deuda de una manera disciplinada y ordenada, aseveró Moreno Rivera.

Precisó que no se trata de poner impedimentos o limitar la adquisición de deuda, sino que ahora cada entidad federativa o municipio deberá ceñirse a las leyes secundarias que establecerán las bases generales para incurrir en endeudamiento.

Entre los cambios que contiene la reforma comentó que se avanza en materia de transparencia, ya que los órdenes de gobierno estarán obligados a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un Registro Público Único, además de crear un sistema de alertas sobre el manejo del débito.

“Ahora la ciudadanía podrá conocer el monto de la deuda que se contrata, el acreedor, la tasa de interés, el plazo para el pago y la garantía o fuente de pago”, sostuvo.

Se amplían facultades a la Auditoria Superior de la Federación para que pueda fiscalizar la deuda pública y las garantías que otorga el gobierno federal respecto a la deuda de los estados y los municipios, responsabilizando a los servidores públicos por el manejo de los recursos.

Se contemplan elementos de responsabilidad financiera, como prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente, por lo que tiene que ser destinada para inversiones públicas productivas.

La autorización de los montos máximos de los créditos deberá ser aprobada por mayoría calificada, es decir, por las dos terceras partes de los integrantes de las legislaturas locales.

También mencionó la prohibición expresa de contratar deuda en el último trimestre de un periodo de gobierno y se obliga a los estados y municipios a liquidar las obligaciones a corto plazo en este mismo lapso.

La reforma prevé la creación de una Comisión Legislativa Bicamaral, algo fundamental para el sistema que se plantea, lo cual fortalecerá al Congreso de la Unión en un tema de vital importancia como es el uso del crédito público.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tendrá entre sus facultades sancionar y, en su caso, objetar, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, que estén contenidas en los convenios que sean suscritos con el gobierno federal para obtener garantías.

Finalmente se establece que en las operaciones de refinanciamiento o de restructura de una deuda deberán regirse bajo las mejores condiciones del mercado.

JGM