09-02-2015.- La presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), aseguró que el proceso de regulación de las cooperativas de ahorro y préstamo aún no finaliza, por lo que el Estado requiere hacer lo posible para preservarlas y no limitar su crecimiento, “como se hace actualmente”.

Durante la inauguración del foro “La responsabilidad del Estado en el Fomento de las cooperativas de ahorro y préstamo”, indicó que es indispensable analizar el papel del Estado respecto a las cooperativas, por lo que “se recogerán las propuestas que aquí se generen, a fin de transformarlas en iniciativas de ley”.

Bautista Cuevas señaló que de no atenderse la problemática del proceso de consolidación de las sociedades cooperativas, se corre el riesgo de que se presenten conflictos sociales que puedan generar inestabilidad política y social en el país.

El caso de la sociedad financiera Ficrea, precisó, “desenmascaró la corrupción e impunidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sus abusos discrecionales al omitir para unos la regulación y supervisión”.

La también presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios dijo que será grave si no se fincan responsabilidades a los supervisores de la CNBV, quienes “no fueron capaces de identificar las masivas captaciones y colocaciones de recursos fuera de lo común”.

La integrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social detalló que la problemática de las cooperativas de ahorro y préstamo es que tienen su origen en una “política pública errónea” que se inició en 1991 con el decreto de sociedades de ahorro y préstamo y, posteriormente, con la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Ambas, destacó, pretendieron regular estas organizaciones con marcos jurídicos distintos a su naturaleza, homologándolas en su tratamiento con el sector privado, sin considerar que éstas trabajan bajo un modelo diferente a otros actores del sistema financiero tradicional, como los bancos o las sociedades financieras populares.

La diputada federal por Oaxaca señaló que estas organizaciones requieren un tratamiento diferenciado plenamente reconocido en la Constitución, así como en acuerdos internacionales y resoluciones del Poder Judicial. “Las cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro, buscan el otorgamiento de los servicios entre sus asociados y emergen como una alternativa ante los abusos de la banca comercial y ante la negativa de la banca de desarrollo”, expresó.

Estas cooperativas, subrayó, son verdaderos mecanismos de bienestar, ya que desarrollan una diversidad de servicios como dispensarios, consultorios, clínicas, escuelas, centros deportivos, tiendas de consumo, funerarias, arte y oficios, manualidades, becas educativas y seguros de vida, que procuran una mejora sustancial en la vida de los asociados y sus familias.

Bautista Cuevas comentó que Oaxaca, uno de los estados líderes en cooperativas, sufrió las consecuencias de una ley de crédito popular inconsistente, pues al unirse organizaciones privadas con el sector social, las primeras se aprovecharon de la figura asociativa. Esta Ley, subrayó, que regula las actividades de las cooperativas de ahorro y préstamo, “no logrará por sí misma nada, si el resto del andamiaje jurídico no cambia”.

“Es un avance, pero sin duda se requieren cambios sustanciales en todas las leyes, mientras que lo que tenemos hoy en día es un escenario de caos que genera más incertidumbre jurídica a estas organizaciones y las pone en riesgo de desaparecer”, agregó.

En su participación, el coordinador jurídico de la Alianza Cooperativista Nacional, A.C., Manuel Duarte Ramírez, señaló que las sociedades cooperativas tienen gran potencial ante la situación económica que atraviesa México, pero requieren impulso de las instituciones encargadas del ámbito social como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Explicó que la Secretaría de Economía tiene atribuciones precisas en el rubro de respaldar a sociedades cooperativas; sin embargo, no contempla las de ahorro y préstamo. “Se puede apoyar al sector con las leyes que se tienen, sólo falta sensibilidad de quien toma decisiones para poder instrumentar programas de apoyo y sobre todo recursos”, comentó.

En su participación, el presidente del Consejo de Administración de la Confederación Nacional Cooperativa de Abastecimiento y Distribución, Manuel de la Rosa Rivas, refirió que hay fundamentos constitucionales para impulsar el fomento cooperativo; sin embargo, dijo, la legislación en ese rubro es compleja.

Destacó que es obligación del Estado respaldar e impulsar el cooperativismo, como lo establece la Ley de Economía Social y Solidaria. “Nadie puede quitar el derecho a tener esa ‘ilusión’ que se llama sociedad cooperativa de ahorro y préstamo”, manifestó.

Por su parte, el presidente de Alianza Cooperativa Nacional, Rafael Martínez Ponce, consideró necesario generar un modelo jurídico adecuado para ofrecer un trato diferencial a las cooperativas, pues, sostuvo, no son intermediarios financieros.

Destacó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han externado acuerdos sustanciales para alentar a los gobiernos a garantizar un entorno propicio que ayude a cumplir los objetivos de las cooperativas de sus países.

Indicó que la instrumentación de las leyes debe ser distinta y conforme a los acuerdos y tratados internacionales, a fin de generar certeza jurídica a esas organizaciones.

Añadió que se requiere un cambio sustancial del andamiaje jurídico en el rubro de las cooperativas, así como una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para tratar a fondo el tema y a partir de ahí aplicar una regulación adecuada al sector.

RED/EGV