Palacio Legislativo 12-03-2015 (Notilegis).- El presidente en funciones de la Cámara de Diputados, Tomás Torres Mercado, aseguró que en materia de derechos humanos, México no vive en una situación de barbarie al registrar importantes logros y avanzar en un Estado de derecho.

Al ser consultado por la prensa sobre el reciente informe sobre tortura en México, del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, el legislador señaló que hay que escuchar y “abrir los oídos” a los datos, pero también esto obliga a realizar un proceso racional de análisis de los temas.

“México no vive en una situación de barbarie, ha habidos hechos desafortunados que nos ilustran sobre la fragilidad de algunas instituciones, pero eso tenemos que verlo no como la regla y la práctica de la vida cotidiana, creo que es una aspiración de todos avanzar en Estado de derecho”, indicó.

El relator especial de la ONU expuso recientemente que la práctica de la tortura en México es generalizada y la mayor parte de los casos quedan impunes, lo que fue rechazado por autoridades mexicanas, al considerar que no refleja la realidad, y cuestionar el término.

Torres Mercado consideró que la violación de derechos humanos en México, no es un concepto que se restringe sólo al ejercicio de la autoridad, sino que es responsabilidad de los gobernados acatar las leyes.

Agregó que el país está haciendo un gran esfuerzo en la materia y para ello hay que revisar y comparar la adecuación de la vida normativa institucional que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos.

Destacó al respecto, las reformas a los artículos 1 y 133 de la Constitución Política; la nueva Ley de Amparo; la adecuación del sistema de seguridad nacional y la implementación de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es necesaria la aplicación de “más justicia y menos leyes, en un proceso que es de todos de gobernados y fundamentalmente de gobierno”, manifestó.

El diputado comentó que en la agenda legislativa también se encuentra el tema de desaparición forzada.

“Pero definitivamente es atención no sólo a demandas y planteamientos de organismos internacionales y ONGs, sino que también ha habido un proceso de avance y de conciencia sobre la necesidad de institucionalizar en leyes penales estos actos, que son un flagelo a la vida nacional e institucional”, puntualizó.

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