Palacio Legislativo, 23-03-2015 (Notilegis).- El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, pidió que se aplique la ley en el caso de los jornaleros que sufrieron explotación laboral en Baja California Sur y que se dé a conocer a la población quiénes son los dueños de las empresas, a fin de que sean sancionados.

“Hay un conjunto de violaciones de todo tipo en la contratación de trabajadores jornaleros: hombres mujeres y niños, que amerita la sanción e indiscutiblemente (se debe) transparentar e informar a la población quiénes son los dueños de las empresas, así resulte que son gobernadores, ex gobernadores o políticos del rango que sea”, indicó en declaraciones a la prensa.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) rescató a más de 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación e infrahumanas en Baja California Sur, reclutados en Creel, Chihuahua, por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola.

Posteriormente, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) del Valle de San Quintín, anunció protestas dirigidas al gobierno de ese estado por considerar que es responsable de las condiciones inhumanas y falta de seguridad social en que labora 80 por ciento de los jornaleros en esa región.

Al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Alonso Raya informó que el tema será abordado a través de un punto de acuerdo en las siguientes sesiones.

Estamos “pidiendo que se aplique la ley; hay esclavitud, se están violando los derechos humanos, no están incorporados a la seguridad social, no se les está pagando lo que se debe, hay menores trabajando”.

Añadió que las condiciones “deplorables” en que se encontraban dichos trabajadores se repiten en otros estados de la República, como Baja California, Sinaloa y Tamaulipas.

El coordinador parlamentario indicó que tanto la STyPS como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuentan con las facultades para poder intervenir como corresponde.

De igual manera, la Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), para hacer la supervisión, explicó.

“Nadie puede decir que no hay instrumentos; si no quieren afectar los intereses de los dueños de las empresas o de los políticos involucrados, pues que lo digan”, subrayó.

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