Palacio Legislativo, 12- 10- 2015 (Notilegis).- La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social tendrá, entre sus desafíos, dar seguimiento al proceso legislativo de la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, conocida como “Ley Ficrea”.

También impulsará la armonización del marco jurídico en los estados, para que entren en vigor normas que promuevan la economía social, la cual ha demostrado ser una alternativa de trabajo equitativo.

Así lo afirmó la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (Morena), presidenta de la instancia legislativa, quien mencionó que otro de los retos será atender prioritariamente la situación de 692 cooperativas, 396 de nivel básico, 143 autorizadas, 48 en proceso y 105 que cerrarán por falta de apoyos.

Durante la instalación formal de la comisión, aseveró que el cooperativismo y la economía social son una alternativa real y actual a los más graves problemas sociales, como la pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a millones de mexicanos, al ser una herramienta capaz de conducir organizadamente a muchos trabajadores a operar con mayor eficiencia.

Además, es una opción productiva para la mujer y la familia, ya que ofrece nuevas y amplias posibilidades de participación y desarrollo en igualdad de condiciones. Resaltó que este sector atiende a 6 millones 643 mil personas, cuyas cooperativas requieren nuevas tecnologías y productos para competir en mejores condiciones.

Hernández Colín subrayó que no existen estadísticas confiables sobre este sector en México; al parecer, hay 15 mil cooperativas, por lo que conocer el número de ellas es importante para alentar políticas públicas que atiendan sus necesidades reales.

Refrendó que la economía de solidaridad es un camino apropiado de renovación y refundación en la búsqueda de formas económicas asociativas y participativas que pongan al hombre y a la comunidad por sobre las ganancias, y el trabajo sobre el capital. Además, se vincula con la protección del medio ambiente ante el deterioro ecológico derivado en gran parte de la forma individualista de producir, distribuir, consumir y acumular riquezas, comentó.

En su participación, la diputada Rosalina Mazari Espín (PRI) urgió a derogar trámites burocráticos e ineficientes y articular las políticas públicas para promover la creación de nuevas cooperativas y proteger las existentes, con el propósito de alentar el desarrollo de la economía social en los estados y municipios, para garantizar la equidad en la distribución de la riqueza en un marco de cooperación, solidaridad y reciprocidad.

Resaltó la importancia de trabajar vinculados al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

A nombre del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell sostuvo que el reto de la comisión “es construir el primer Código de Economía Social que integre desde el fomento al cooperativismo hasta el mercado de financiamiento, para detonar el desarrollo e inserte a la economía formal a la mitad de la sociedad”.

“El cooperativismo debe verse en grande junto con la economía social, vinculada al financiamiento. Hay que buscar verdaderos esquemas que alienten el progreso de los negocios”, apuntó.

La priista María Esther Guadalupe Camargo Félix resaltó la importancia de las cooperativas, ya que seis de cada 10 mujeres jefas de familia laboran en este esquema y, para los jóvenes egresados, representa una alternativa viable, para emprender un proyecto productivo cercano a sus comunidades, las cuales “esperan resultados del trabajo de los diputados para acercarles las herramientas y responder al esfuerzo que realizan todos los grupos”.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (PRI) aseveró que el cooperativismo es una gran oportunidad para “reeducarnos, pensar como empresarios y trabajar en equipo” dentro de la economía social, la cual es un mecanismo viable para indígenas y artesanos.

RED/JGM