Nota N°. 515 Cámara de Diputados aprueba modificaciones a la Ley Federal de Derechos y turna el dictamen al Senado de la República

 

Palacio Legislativo, 15-10-2015 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

 

Éste es el primer documento que se aprueba del paquete económico para el ejercicio 2016, que el Ejecutivo envió el pasado 8 de septiembre, y forma parte de la Ley de Ingresos, que la Cámara de Diputados debe aprobar en su totalidad a más tardar el próximo martes, 20 de octubre.

 

Fue aprobado en lo general por 419 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones y tras rechazarse la gran mayoría de las reservas que presentaron 22 diputados del PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, se avaló en lo particular con 380 votos a favor, 57 en contra y una abstención.

 

Esta ley tiene como propósito dar seguimiento a las tareas de actualización y mejoramiento del marco normativo fiscal en cuanto al cobro de derechos por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la federación.

 

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), informó que para elaborarlo tomaron en cuenta la iniciativa que envió el Ejecutivo federal y otras que se turnaron a la comisión, además de la opinión de representantes del sector privado, académico y social.

 

El documento plantea diversas modificaciones, como la del artículo quinto de la Ley Federal de Derechos, en el que se considera a cualquier organismo del gobierno federal que preste servicios públicos, con la finalidad de que estén en posibilidad de cobrar derechos por la prestación de dichos servicios.

 

Entre éstos, mencionó los que corresponden a la expedición de copias certificadas, reposición de constancias y compulsa de documentos, entre otros, sin que se encuentre limitado a las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Sostuvo que con esta modificación todos los organismos tendrán la posibilidad de cobrar una contraprestación por la prestación de sus servicios.

 

En materia de servicios migratorios, se realiza un ajuste del derecho por la obtención de la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, pasando de 331 pesos a 390.

 

Se exenta el pago del derecho por la autorización para realizar actividades remuneradas al residente temporal y al residente temporal estudiante, cuando sean autorizadas al amparo de un instrumento jurídico de movilidad de personas o convenios de cooperación internacional.

 

Se adecuan los conceptos de cobros de pasaportes oficiales, eliminando la vigencia de uno y dos años, así como un refrendo, para homologarse a un solo concepto con un único cobro de 426 pesos.

 

Se establece la exención del pago de derechos por servicios consulares por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

 

Se incorporan modificaciones respecto a la reforma financiera, como el establecimiento de una cuota fija para la autorización de que la Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) se considere una entidad regulada.

 

Respecto al tema de energía, se incorpora el cobro por la prestación de servicios consistentes en la expedición de los títulos de permiso que la Secretaría de Energía otorga para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural.

 

Con motivo de la reforma en materia de telecomunicaciones, se incluyen los derechos por los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

Como consecuencia de las reformas estructurales en materia de competencia económica, se establecen los derechos por las contraprestaciones del servicio que otorga la Comisión Federal de Competencia Económica.

 

Asimismo, para el 2016, respecto al tema de espectros radioeléctricos, se propone un régimen fiscal en materia de derechos por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de éstos, con la posibilidad de ampliarlo a la tecnología disponible y que su proceso de licitación sea competitivo, transparente y con plena rendición de cuentas.

 

Se apoya a las actividades de investigación científica, con la exención del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las personas físicas y morales del sector social y privado que utilicen con ese fin las playas, zonas federales marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas.

 

El requisito es que figuren en el registro nacional de instituciones de empresas científicas y tecnológicas, a la que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología.

 

Se hace extensivo el cobro de una cuota especial para acceder en horarios distintos al normal de operación a los museos, monumentos y zonas arqueológicas, propiedad de la nación.

 

Con esta medida se da seguimiento a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativas a la conservación de los recursos naturales y valores culturales, así como para impulsar la conservación y rescate de monumentos de valor universal.

 

Se precisó que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho de trasvase de aguas nacionales se destinarán a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

 

El organismo deberá utilizar esos recursos en la realización de programas que contemplen acciones de restauración, rescate y preservación de acuíferos y cuencas de las zonas o región exportadora, por ser la que puede ser afectada por el trasvase.

 

Ahora se diferencia el ingreso por concepto de aprovechamiento de aguas nacionales asignadas para otorgar el servicio público de suministro del vital líquido, del de ingreso del derecho por concepto de trasvase de aguas nacionales.

 

Se amplío de tres a cuatro años el plazo de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, para que sea hasta el quinto año cuando se pague hasta el 100 por ciento dicho derecho.

 

Con esta modificación se otorga un año más al sector industrial, para efectuar los ajustes necesarios en sus procesos productivos, permitiéndole con ello abatir sus consumos de agua.

 

JGM