Palacio Legislativo, 13-01-2016 (Notilegis).- Extraditar a un presunto delincuente por delitos que haya cometido en otro país, es un procedimiento jurídico sujeto a plazos y condiciones, afirmó César Camacho, coordinador de los diputados del PRI, durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

El legislador explicó que la extradición tiene tres etapas: la solicitud, la formalización y la toma de decisión.

En la primera, el país que lo requiera debe precisar los delitos que se imputan y las pruebas que los acreditan.

En la segunda, la autoridad judicial, habiendo valorado los elementos de prueba y escuchado los argumentos de las partes, emite una opinión jurídica y decide hacerla llegar, o no, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que, en la tercera etapa, toma la decisión de extraditar o no.

“Cada una de estas etapas considera, además de requisitos y plazos legales, mecanismos de defensa por vía del Juicio de Amparo, que los imputados suelen aprovechar, entre otros propósitos, para posponer su cumplimiento”, abundó.

El líder de los priistas en San Lázaro refirió que en el caso de “El Chapo” Guzmán Loera “ha trascendido que Estados Unidos prepara nuevas solicitudes que se sumarían a las tres que ya formuló, respecto de las cuales dispone de 60 días para presentar más pruebas”.

Explicó que “la defensa ha aprovechado todos los recursos legales de que dispone para alargar el proceso”.

Hizo votos porque la resolución sobre la extradición se obtenga lo antes posible, “sin que ello vulnere las reglas del debido proceso y que, sencillamente, se haga justicia y se evite la impunidad”.

Aclaró que “la velocidad con que este proceso se desahogue, no es caprichosa, se tiene qué cumplir las reglas del debido proceso, aún cuando hubiera voluntad para apresurarlo”.

“No se pueden saltar etapas o fases, de modo que el proceso ha iniciado y será como las reglas jurídicas lo obligan, un proceso público al que todos tengamos acceso”, finalizó.

HSF/JGM