Nota N°. 1658 Asegura Gómez Mont, ex secretario de Gobernación, que modelo prohibicionista de las drogas está agotado y se debe reconocer derecho de consumir marihuana

Palacio Legislativo 27-01-2016 (Notilegis).- Fernando Gómez Mont Urueta, ex secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que el modelo prohibicionista de las drogas está agotado, al participar en el tercer día del foro “Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana”.

“Después de 50 años de la inauguración en el mundo del enfoque prohibicionista de las drogas, este modelo está agotado, se utilizaron todas las herramientas posibles para hacerlo eficaz”, dijo durante su participación en el panel titulado “Regulación en relación con la seguridad pública”.

Señaló que se debe reconocer el derecho de las personas a consumir marihuana siempre y cuando no genere ningún daño a terceros, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Externó que es tiempo de ajustar las prohibiciones e identificar los factores que causan la ineficiencia de la ley, que pueden ser corrupción, debilidad institucional o falta de legitimidad frente a una medida prohibitiva.

“Si queremos reforzar los mecanismos de seguridad y la cultura de la legalidad es tiempo de ajustar las prohibiciones, y sólo generar las prohibiciones que tengan un amplio respaldo social y político”, comentó.

Catalina Pérez Correa, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentó las cifras de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre detenciones por posesión y consumo de marihuana entre 2006 y 2014, que fue de 332 mil, lo cual refleja que sí se criminaliza al consumidor.

Destacó que a partir de la entrada en vigor de la llamada “ley contra el narcomenudeo” de 2009, que consistió en cambios a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, ha disminuido el número de delitos contra la salud procesados a nivel federal, ya que se marca una diferencia entre farmacodependiente y traficante.

“La ley ha servido para despresurizar el sistema federal, para que haya menos averiguaciones previas y menos detenidos por este tipo de delitos”, indicó Pérez Correa.

Señaló que actualmente se gastan seis mil 414 pesos mensuales para la atención de una persona encarcelada por posesión de marihuana.

“Se están desperdiciando recursos para perseguir la posesión y consumo de marihuana, en lugar de destinarlos a la atención de delitos que causan más daño a la sociedad como el secuestro”, apuntó.

En este sentido, Gomez Mont enfatizó que la criminalización de los consumidores ha obstruido la atención y acceso de los detenidos, que en realidad son farmacodependientes y no traficantes, a una rehabilitación.

“Cómo es posible que haya dinero para criminalizar a los consumidores, pero no para la rehabilitación”, cuestionó.

Maya Ordorika Imaz, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, mencionó que la política prohibicionista de las drogas ha llevado al fortalecimiento de mercados ilícitos, cuya actividad ha debilitado a las instituciones.

Goméz Mont coincidió en este punto, al subrayar que el enfoque prohibicionista crea un mercado negro cuyas ganancias crecen en la medida en que haya más y más medidas restrictivas, y que sólo se puede debilitar si se regula gradualmente, comenzando por la marihuana.

Ordorika Imaz manifestó que dicho enfoque no ha logrado reducir la oferta de drogas y ha generado que las autoridades caigan en prácticas contrarias a los derechos humanos como la tortura y la desaparición forzada.

Se pronunció por eliminar el delito de posesión simple de marihuana, postura que compartió la investigadora del CIDE, Catalina Pérez Correa.

En el evento estuvieron: Daniela de los Santos Torres (PVEM), vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien hizo un resumen de las ponencias y expuso las conclusiones, y el legislador José Everardo López Córdova (PAN), secretario de la Comisión de Seguridad Pública, quien fungió como moderador.

El foro “Audiencias Públicas para las Alternativas de Regulación de la Marihuana” se realiza de manera conjunta entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República y concluye el próximo 17 de febrero en las instalaciones de la cámara alta.

HSF/EGV/JGM