Palacio Legislativo, 19-07-2016 (Notilegis).- El diputado Omar Ortega Álvarez (PRD), secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, señaló que a la promulgación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción deberá seguirle un paquete de reformas a otras legislaciones.

Estas modificaciones legales deberán realizarse en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, precisó el legislador en un comunicado.

Indicó que se deben reformar las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y Federal de Archivos, entre otras.

El parlamentario expresó que de manera particular se abocará a sacar adelante su iniciativa para reformar el fuero legislativo, a efecto de que esta figura no se convierta más en un instrumento de impunidad.

Ortega Álvarez afirmó que diputados del PRD, Morena y MC interpondrán una acción de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3), para insistir en hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, en los términos originales en que fue planteado por la iniciativa ciudadana.

Sostuvo que la ausencia de este aspecto que se planteó como eje central en la reforma anticorrupción, dejó un mal sabor de boca, pues con una incorrecta interpretación de la protección a la intimidad de los funcionarios, “podríamos estar ante un escenario que impida conocer su patrimonio al principio y término de su encargo”.

Lamentó que en la promulgación de las leyes anticorrupción, el Ejecutivo federal no haya hecho un exhorto a los funcionarios que integran su administración a hacer públicas, sin más pretextos, sus tres declaraciones y consideró que habría sido un gesto de auténtica voluntad para avanzar en el combate a la corrupción.

Al referirse a la renuncia de Virgilio Andrade Martínez a la Secretaría de la Función Pública (SFP), declaró que es un movimiento lógico ante la entrada en vigor de las nuevas reglas del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Su permanencia resultaba incompatible con la independencia que ahora debe imperar en la realización de las funciones de fiscalización y control interno”, apuntó.

Manifestó que la disculpa que ayer lunes ofreció el titular del Ejecutivo por el caso conocido como “casa blanca” tendría que venir acompañada de la reapertura de la investigación para revisar las razones que se consideraron para exculpar al Presidente.

“La disculpa fue un reconocimiento de responsabilidad y la determinación de la sanción no le corresponde al propio (presidente Enrique) Peña Nieto, sino a una autoridad imparcial”, concluyó el diputado perredista.

HSF/JGM