Palacio Legislativo, 06-10-2016 (Notilegis).- La Subcomisión de Examen Previo aprobó, por unanimidad, un acuerdo de trabajo para atender y desahogar las 352 denuncias de juicio político que tiene acumuladas desde el 2003.

El acuerdo establece que el análisis de los casos se dividirá en dos etapas: la primera, comprende las solicitudes recibidas durante la LIX LX y LXI legislaturas (de 2003 al 2012) y, la segunda, que se refiere a las LXII y LXIII legislaturas (2012-2016).

La Subcomisión, que presiden conjuntamente los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI) y Álvaro Ibarra Hinojosa (PRI), respectivamente, realizó este jueves su primera reunión ordinaria, tras su instalación el pasado 21 de abril.

En declaraciones a la prensa, Guillén Vicente señaló que el acuerdo y mecanismo aprobados corresponden a lo establecido previamente por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

También reconoció que la Subcomisión de Examen Previo “debió haberse formado en otras legislaturas para evitar este rezago, pero ya ni nos queda ver hacia atrás sino entrarle al toro”.

Ahora, señaló, “tenemos que revisar cada una de las demandas de juicio político, como se fueron presentando desde la LIX Legislatura”.

La legisladora comentó que el juicio político “es un procedimiento muy largo, en el cual el primer paso es el análisis de cada solicitud en esta subcomisión. Si pasa tendría que ir al pleno de las subcomisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia”.

Luego, comentó, si se aprueba en esas tres comisiones “el expediente se remite a la Sección Instructora y de allí pasa al Pleno de la Cámara de Diputados” y una vez aprobado por éste pasaría al Senado de la República.

La presidenta de la Comisión de Gobernación aclaró que “humanamente sí es posible desahogar las 352 solicitudes, considerando, además, que buena parte de ellas está prescrita y ello se desprenderá de las consultas jurídicas que iniciaremos el próximo martes 11 de octubre”.

En cuanto a las posibles sanciones, Guillén Vicente dijo que “se trata de castigos políticos de inhabilitación o destitución del cargo”, según sea el caso, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

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