Palacio Legislativo 01-12-2016 (Notilegis). La presidenta de la Comisión Especial de Trata de Personas, Julieta Fernández Márquez (PRI), afirmó que la minuta del Senado que modifica la Ley General de Victimas debe analizarse ampliamente en la Cámara de Diputados, “para mejorarla y perfeccionarla” en beneficio de las víctimas.

Al poner en marcha el foro “Sobre la Ley General de Víctimas”, la legisladora agregó que se pretende escuchar a especialistas en la materia sobre una legislación que “tiene una relevancia muy importante, ante el crecimiento del delito en el país, pero también para restituir debidamente los derechos de las víctimas”.

Comentó que lo importante es “mejorar la justicia en favor de quienes han padecido un delito como secuestro, trata de personas o violación a los derechos humanos”, entre otros.

El Senado de la República aprobó el pasado 4 de noviembre la reforma para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos, y dotar de herramientas a las instituciones encargadas de atenderlas.

Fernández Márquez señaló que la minuta se encuentra en estudio en las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.

El foro que inició este jueves “busca escuchar los puntos de vista de especialistas y con ello “mejorar y perfeccionar la minuta” enviada por el Senado, insistió.

En el evento participaron Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”, quien solicitó a los diputados “escuchar a las víctimas”, toda vez que las reformas establecidas por el Senado “constituyen una inequidad para ellas”.

A manera de ejemplo, señaló que, de acuerdo con las reformas aprobadas en la cámara alta, “no existe la obligación de parte de los estados de la República para contar con abogados victimales” que apoyen a quienes han padecido un delito.

“Las víctimas del delito pueden no tener un abogado y ser representadas por un Ministerio Público que, por lo general, está muy cargado de trabajo y no atenderá debidamente al ofendido”, apuntó.

También solicitó más apoyos para que las entidades cuenten con mayores recursos, a fin de resarcir a las víctimas.

“Sólo seis estados (de la República) tienen fondos económicos para atender a las víctimas y 12 entidades cuentan con una comisión ejecutiva” en la materia, sostuvo Miranda de Wallace.

También participó Samuel González Ruiz, consultor de la Organización de las Naciones Unidas y fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aseveró que las reformas a la ley de referencia establecen que para la reparación del daño a la víctima, ésta “debe probar con una sentencia de un juez, que ha sido víctima, lo que obliga a la detención y sentencia del delincuente para acceder a la reparación del daño”.

Comentó que esa reparación debe darse en automático, una vez que se comprueba el daño, sin que, necesariamente, se haya detenido y sentenciado al infractor.

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