Palacio Legislativo, 14-02-2017 (Notilegis).- México aún no cuenta con un marco jurídico sólido en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, a pesar de los avances en este tema, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri (PRD).

“La violencia extrema contra las mujeres son los feminicidios y, en México, cada día se asesina, en promedio, a siete mujeres, lo que al año suma más de dos mil 600 homicidios”, indicó el también coordinador de los diputados del PRD durante la instalación de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género.

Advirtió que lo más alarmante es que la violencia contra las mujeres sea una práctica social ampliamente extendida por todo el país, “claro ejemplo es que 63 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha declarado haber vivido un episodio de esta índole”.

Dijo que “como representantes populares, la violencia contra las mujeres es un tema que no debemos soslayar; es indispensable coadyuvar con los esfuerzos de las organizaciones civiles y organismos internacionales, que se han comprometido con la tarea para erradicar este flagelo”.

Añadió que el tema preocupa de sobre manera, “porque la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que la violencia contra las mujeres o de género es un problema de salud pública; se trata de una práctica aprendida, consciente y orientada y en eso debemos trabajar ampliamente”.

Martínez Neri manifestó que la espiral de discriminación y violencia contra las mujeres únicamente podrá detenerse cuando el Estado actúe con determinación y firmeza, “no sólo contra quienes la ejercen como práctica cotidiana, sino para transformar los factores estructurales que la alimentan y reproducen”.

Detalló que el problema es mayúsculo y su atención pasa por el establecimiento de medidas de prevención, atención, sanción y erradicación; entre las que se encuentran la protección y justicia para las mujeres víctimas de violencia.

Es una realidad, agregó, en la que se necesita asumir una política de cero tolerancia por parte del Estado mexicano. “Para ello se deben sumar esfuerzos desde todos los ámbitos y en los tres órdenes del gobierno”, concluyó.

JGM